Viene a cuento la denominación del artículo, tras la polémica –tormenta de agua, aunque agua escasa, pero que bien pudiera ser su inversa: tras Daimiel, Doñana– muy desviada y confundida, suscitada por la propuesta legislativa del Gobierno andaluz en torno al reconocimiento de superficies regables en el entorno del Parque Nacional del Coto de Doñana. Propuesta formulada en el vacío, no sólo en el vacío real de los cinco acuíferos que abastecen los niveles hídricos del parque y que se encuentran –tres de ellos– en niveles de sobreexplotación; sino en la medida en que esas 500 hectáreas reconocidas como regables carecen de derechos de agua hasta que no se cumplan las obras de infraestructura, competencia del Gobierno central. La medida legislativa andaluza no deja de ser una declaración de intenciones sin contenido, pese a lo que se haya afirmado de manera reiterada. La puesta en regadío del preparque esquilmaría los recursos del parque y llevaría implícita las sanciones europeas.
Ocurre que la polémica se ha disparado en sobremanera, al movernos en tiempos preelectorales, con argumentos oblicuos y muy acelerados y por más que la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no haya dudado en montar una suerte de publirreportaje de fin de semana; o las declaraciones del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, sean de puro mitin electoral. Como si el problema del agua –acuíferos, niveles de recarga y aportaciones a los suelos perimetrales– en el parque de Doñana fuera un asunto tan reciente que solo afectara al Gobierno del Partido Popular y dejara libre de toda responsabilidad al ejercicio del Gobierno regional ejercido por el PSOE durante 38 años en Andalucía. Puestos a simplificar, podríamos decir que la responsabilidad de la situación de Doñana es consecuencia de un prolongado ciclo seco, y, por tanto, también eso es responsabilidad de la gestión del Partido Popular.
Si el argumento es aceptable para Doñana –pese a lo disparatado del razonamiento–, podríamos construir otro análogo para la situación del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, que ahora afectaría a un culpable gobierno regional del PSOE. Se me objetará que el Gobierno de Page no ha adoptado medidas legislativas análogas sobre Daimiel a las adoptadas en Doñana. Lo que sí es cierto es la permanencia en la UVI hídrica de Daimiel, con la respiración asistida de los periódicos trasvases –ya denunciados recientemente por WWF–. De ello daba cuenta, días pasados, el director de La Tribuna, Diego Murillo para hacer ver que los problemas complejos no cuentan con soluciones simples.