La solicitud realizada por el Ayuntamiento de Ciudad Real, el pasado 4 de noviembre, para optar al muy discutible concurso de sedes para adjudicar por el Gobierno de España la instalación de la Agencia Espacial Española, no deja de encubrir dos cuestiones cruciales.
La primera tiene que ver con los méritos aportados por la Corporación municipal para hacer valedora a la ciudad de esa designación deseada, junto a otro buen número de ciudades españolas que optan al premio o al dedazo gubernamental como una suerte de aguinaldo navideño. Méritos que –más allá de la histórica centralidad geográfica no atribuible a político alguno – dependen, o han dependido, de terceros que han desarrollado infraestructuras de transporte, de administración o de educación, en el enclave que ocupamos desde hace 767 años, desde que otro dedazo real decidiera perfilar el sitio de lo que hoy conocemos como Ciudad Real. La nota expedida por el Consistorio llega a repetir hasta tres veces tales supuestos de interés en la posición estratégica de Ciudad Real, sin que hasta ahora nos haya servido de gran cosa ese 'ser centrado' y así estamos.
La segunda de las cuestiones tiene que ver con la lógica desplegada por el Gobierno de España en esa obsesión –¿de cuño federalista o de otro formato?– por practicar la nueva descentralización –así se anunciaba por la ministra provincial en función de portavoz, Isabel Rodríguez, el pasado 11 de septiembre–, más allá de la desplegada anteriormente por el régimen de las autonomías, que, de suyo, ya supuso una fuerte descentralización funcional, política y administrativa sin precedentes. Ahora, en una vuelta de tuerca más, se inicia el proceso de «traslado de nuevas sedes operativas y administrativas». Vuelta de tuerca que algunos justifican desde la estrategia de combate contra 'la España vacía' y otros más, desde la perspectiva de desvitalizar a la Comunidad de Madrid, ese oscuro objeto de deseo político y hoy inalcanzable para el PSOE. Traslado de nuevas sedes donde se van adjudicando institutos, sociedades, operadores y entes públicos en función de raros criterios, incluso vía concurso como si de un premio se tratara. Como ha demostrado ese borrador desplegado por el presidente de la Generalidad Valenciana, Ximo Puig, que ha procedido a verificar un potencial reparto del Estado, en una suerte de lotería política corregida y aumentada donde cabe todo: desde el Senado a Barcelona, el Centro de Volcanes a Canarias y el Tribunal Constitucional a Cádiz. En una suerte de novedosa España partida que suceda a la anterior y persistente España vacía.