La especulación es prima hermana de la corrupción, especialmente cuando hablamos de una especulación urbanística, donde el resultado entre la compra de un suelo público, a unos valores bajos, y el precio final de venta de la vivienda excede los límites razonables del beneficio empresarial. Es más, cuando la especulación viene favorecida por la ausencia de normas o bien por los cambios normativos que permiten la obtención de beneficios especiales o adicionales podemos encontrarnos en un caso de especulación consentida que, como decía al inicio, es la prima hermana de una corrupción que pasa desapercibida. 
El transcurso dilatado del tiempo es siempre un buen aliado para los cambios, siempre desde la perspectiva de la mejora para el ciudadano, pero también para hacer casi invisible las pequeñas corruptelas, haciendo que no se perciban los cambios que se van introduciendo y desvirtúan por completo el proyecto. La intervención sucesiva de los distintos políticos y empresas interesadas en optimizar los resultados, los propios y los del proyecto, terminan siempre jodiéndolo todo. En el caso de las viviendas públicas de la Puerta de Toledo, que debían de estar construidas hace años, en nada se parece el interés político inicial de construir viviendas públicas por parte de la Junta de Comunidades con el resultado final que conocemos 14 años después y, a día de hoy, aún no se ha levantado un solo ladrillo. Como decía el maestro del circo: pasen y juzguen.
Las primeras reuniones para llevar a cabo el proyecto de viviendas en la Puerta de Toledo, en los terrenos que aún quedaban del Ministerio de Defensa, se iniciaron en 2011, mediante la firma de un protocolo entre la ministra de Defensa, Carme Chacón, DEP, y el entonces presidente de la Junta, José María Barreda, donde el Gobierno regional se comprometía a edificar viviendas protegidas en los terrenos cedidos. 
En diciembre de 2020, García-Page y la nueva Ministra de Defensa, Margarita Robles, renovaron el protocolo de Barreda y firman en Madrid un nuevo acuerdo para volver a poner los mismos terrenos a la venta, pero esta vez mediante subasta pública para construir viviendas con algún tipo de protección. Así se referían al acuerdo: «Podemos hablar con orgullo de un documento que es un acuerdo de intereses públicos donde no se especula con el suelo y que da una solución jurídica a un problema enquistado, algo que facilitará la mejora del paisaje y al mismo tiempo la vivienda». En este nuevo protocolo ya no se habla expresamente de construir viviendas la Junta de Comunidades. Ya se habla, en genérico, del destino del suelo para vivienda con alguna protección pública.
En marzo de 2021 se aprueba por el Invied el pliego de condiciones técnicas para la enajenación de la parcela de 6.100 metros cuadrados propiedad del Ministerio de Defensa para construir sobre la misma y siempre según el acuerdo de actuación realizado entre Castilla-La Mancha, el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Ciudad Real, viviendas sometidas a algún régimen de protección pública. La parcela, según informe del Ayuntamiento y el propio pliego de condiciones, tiene una edificabilidad de 15.317,5 metros cuadrados en planta baja y cuatro alturas. 
En diciembre de ese mismo año de 2021 se adjudica la parcela en subasta pública por 2.500.000 euros para la construcción de viviendas en algún régimen de protección pública. En principio, todo suena bastante bien, porque un suelo público donde se pueden construir entre locales y viviendas más de 15.000 metros cuadrados y enajenado por 2,5 millones de euros, la repercusión del suelo en la edificación es muy competitiva. Una simple división del importe de la venta por el número de metros cuadrados edificables nos arroja el resultado de 163,2 euros/m2. 
Pues bien, después de años esperando, desde 2011, de realizarse distintos cambios normativos en el tipo de protección de las viviendas, de cambios urbanísticos de la parcela pasando de cuatro a cinco alturas más ático, de cambios de propietario del suelo por sucesivas compraventas entre empresas promotoras e inversoras, y de cambios en las normas de urbanismo mediante el correspondiente estudio de detalle, ahora ya se conoce, por la web del promotor, el precio de compraventa de una vivienda de 63 m2 en la parcela enajenada por el Ministerio de Defensa y, quien quiera comprar un piso en esta urbanización lo tendrá que hacer a un mínimo de 2.506 euros/m2 antes de gastos e impuestos, es decir, el precio final estará en el entorno de 2.800 euros/m2 útil, y cada mes que pase sin construirse el precio seguirá subiendo.
Y, desde luego, a día de hoy, no hay viviendas mientras los precios siguen subiendo y el paisaje que quedará al lado de la emblemática puerta medieval se será igualmente deteriorado por la congestión y, además, porque la edificación aumenta en una planta y también aumenta el número de viviendas de 139 a 148 sobre lo previsto inicialmente. Resulta curioso, como a dos manzanas del monumento de la Puerta de Toledo, se desestima un edificio de vivienda pública que debía de haberse construido por la Junta hace 20 años por tener nueve alturas y ocasionar un impacto visual y, sin embargo, a escasos veinte metros del propio monumento se autorizan a un promotor privado bajo y cinco alturas. Incomprensible.
¿Quién es el responsable? El Ministerio de Defensa que enajenó los suelos; la comunidad autónoma que renueva el convenio con una norma de protección pública sin definir; el Ayuntamiento que no exige las limitaciones del pliego marcadas por el PGOU y/o que no compra o permuta el suelo para edificarlo con su propia empresa pública de vivienda; el consejero de Fomento, que negocia la nueva fórmula teniendo suelo a disposición de la Junta al otro lado de la acera, en Padre Ayala; los técnicos que informan el estudio de detalle de la parcela edificable; o ninguno de ellos. Posiblemente, todos quieren hacer mejoras en ambos proyectos, tanto en el que lleva dos décadas en Padre Ayala sin construirse por diferencias en la altura, como en el del Ministerio de Defensa pegado al monumento. Pero todos estaremos de acuerdo que no se ha construido ninguna vivienda en estos años y los únicos beneficiarios son las sucesivas empresas privadas que están especulando con el suelo público. 
Ahora toca despedirse por vacaciones porque esta Fontanería cierra hasta septiembre y hoy aprovecho para desearles un feliz verano. Comenzaremos el nuevo curso con la 'Teoría de la rana hervida', que dejamos para el primer día de la próxima edición de papel.