La decisión del Tribunal Supremo de ordenar la repetición del juicio contra el dirigente de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el resto de los condenados por el ‘caso Bateragune', por un delito de pertenencia a organización terrorista por el intento de reconstrucción de la dirección de la ilegalizada Batasuna, viene dada por el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que consideró vulnerado el derecho a un juez imparcial de los acusados, que fueron condenados inicialmente a penas de diez años, rebajadas luego a seis por el propio Supremo al no considerarlos dirigentes de ETA.
Es decir, la decisión del tribunal es consecuencia del varapalo infligido por la justicia europea a la española por no haber atendido la recusación formulada por las defensas contra una de la jueces de la Audiencia Nacional que los juzgó en primera instancia quién, en un juicio precedente en el que Otegi resultó absuelto, había realizado una manifestación que ponía en duda su imparcialidad, como al final reconoció el tribunal de Estrasburgo, aunque el tribunal no tuviera animadversión personal hacia ellos. .
Los jueces del Supremo que obligan a la repetición del juicio lo han hecho siguiendo al pie de la letra la posición de la Fiscalía General del Estado que recomendaba la repetición del juicio porque un "defecto procesal no puede convertirse en una exención penal". Se sumaba así a la la posición de Vox y de la asociación de víctimas ‘Voces contra el terrorismo’. El escrito de la fiscalía es casi simultáneo con el acuerdo alcanzado entre el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, con EH Bildu, para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y lo que el líder de Unidas Podemos calificó como incorporación de esa formación “a la dirección del Estado”. Pero desde ese momento no se ha visto en la Fiscalía General ningún ánimo de variar su posición, por lo que las prevenciones manifestadas por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, a cerca de un trato más benigno a Otegi en pago de favores por el respaldo a las cuentas públicas, están fuera de lugar. Más aún si se tiene en cuenta que la fiscalía de la Audiencia Nacional se había manifestado en contra de la repetición del juicio.
Otra cuestión previa y no de menor importancia es la que afecta al fondo de la cuestión. Guste o no, tras el atentado del Aeropuerto de Barajas que puso fin al diálogo entre el Gobierno y ETA para acabar con la lucha armada, Otegi inició el proceso para que la izquierda abertzale dejara de ser el brazo político de ETA, rechazara la violencia y volviera a la acción política a través de Sortu, que soslayó la ley de partidos políticos.
En definitiva, lo que pretende ser una nueva condena a Arnaldo Otegi y el resto de los procesados por terrorismo no dejará de ser una “pena de telediario” al repetirse la vista oral por cuanto la condena que se les imponga no puede ser superior a la que ya han cumplido, y utilizarán la nueva oportunidad para criticar a la justicia española de la que aparecerán como víctimas. Será una lástima, en cambio, que no aprovechen ese momento para hacer todo lo que les falta a los partidos de la izquierda abertzale para ser completamente democráticos, la petición de perdón a las víctimas, el reconocimiento del daño causado y la condena sin paliativos del terrorismo.