El juez Ordóñez reaparece con su gestión al frente del Juzgado de lo Mercantil poniendo sobre la mesa el PAU del Reino de Don Quijote con una oferta en su juzgado para resucitar, después de 10 años, un proyecto de construcción de viviendas a seis kilómetros de la ciudad y al lado del parque forestal de La Atalaya que estaba muerto y que tenía que haberse descalificado urbanísticamente en estos años, una vez que el proyecto resultó fallido.
Las construcciones de las viviendas en el antiguo Reino de Don Quijote solo se justificaban en 2008 por la locomotora que suponían los casinos, campos de golf, un hotel de lujo de 812 habitaciones, un teatro de 3.000 localidades, un centro de convenciones, un spa de 3.500 metros, un hotel balneario, tres hoteles más pequeños, etc., previstos en el conjunto del proyecto por la creación de empleo por el modelo de negocio que tenía, amén del pago de 45 millones de euros al Ayuntamiento como compensación. El proyecto hablaba de 9.000 viviendas entre ellas también algo más de un millar, de protección oficial, para darle un tinte social a la operación. 
Permitir la construcción, ahora, en 2022, de una sola vivienda cuando el proyecto ya no existe, cuando la ciudad está sin ordenar y desarrollar en su propio interior, es la mayor aberración urbanística que se podría producir en el último siglo en Ciudad Real. Una ciudad que aún no tiene un segundo cinturón de rondas, sin las variantes de tráfico que ordenen los accesos por carretera, y con millones de metros cuadrados que poder ordenar urbanísticamente unidos a la ciudad sin necesidad de crear un nuevo núcleo de población a seis kilómetros. Y, además, sin compensación económica de ningún tipo. 
La compra por el Ayuntamiento  hace unos meses de 472 hectáreas mediante subasta a los administradores del concurso de acreedores del Reino de don Quijote, con la venia del juez, y la financiación parcial de la Diputación Provincial para ampliar el parque forestal de La Atalaya, sin ser prioritarias se justificaban por la ampliación como zona de expansión de la ciudad para actividades de recreo, deporte, naturaleza, senderismo, bicicleta, etc., y nunca se sospechaba que el Reino de Don Quijote resucitase como proyecto urbanístico de viviendas de lujo. 
El Ayuntamiento tiene y ha tenido en estos últimos diez años la capacidad de eliminar de su planeamiento el fallido proyecto, declarar nulo el convenio con el agente urbanizador, que ya no existía, y anular igualmente el PAU que daba cobertura a las actuaciones en el Reino de Don Quijote porque el proyecto general resulta inviable de cumplir por sus promotores. Ahora podemos encontrarnos con problemas jurídicos y económicos judicialmente consecuencia de la dejadez y falta de previsión municipal en su descalificación. 
El juzgado mercantil de Ciudad Real es comprensible que, después de más de 10 años, tenga que resolver, pero una resolución solo del expediente judicial sin ponderar otros intereses generales puede tener consecuencias para toda la ciudad y su futuro. Es el segundo proyecto fallido de Ciudad Real que cae en su jurisdicción y que afecta al ordenamiento, el primero ya sabemos cómo ha quedado. Si el primero, sigue muerto en vida, el segundo, que está muerto, ha sido resucitado a modo de zombi y circula por los despachos municipales con el riesgo de que nos afecte fiscalmente a todos los ciudadanos dando legalidad a un proyecto de construcción de miles de viviendas unifamiliares separadas del núcleo de la ciudad. 
Es cierto que la responsabilidad del planeamiento no es del juzgado, pero cuando el Ayuntamiento participa con la compra de 472 hectáreas de ese suelo, inyectando vida económica a la cuenta del concurso con más de 700.000 euros, lo mínimo que se podía haber hecho era haber valorado, por justicia, el destino del resto del suelo en manos del propio juzgado y las intenciones de los administradores. 
Ahora toca nuevamente, desde el Ayuntamiento, improvisar una respuesta al juez, sin haberla meditado políticamente, sin haberla valorado adecuadamente, y sin participación de los actores políticos, sociales y económicos de la ciudad, simplemente porque quienes tenían la responsabilidad de diseñar el futuro de la ciudad y someterla a información no se han ocupado de ello. En el Reino de Don Quijote en la actualidad solo es posible, para evitar graves errores, proceder a su descalificación de inmediato y lo digo desde lo más profundo del alma.