La Guardia Civil de Ciudad Real mantiene abierta la investigación iniciada hace más de un año por la presunta comercialización de falso pistacho ecológico. Agentes del Seprona (Servicio de Protección de Naturaleza y Medio Ambiente) de Ciudad Real llevan el peso de la investigación de un fraude que se antoja millonario y que puede causar un descrédito al sector, a los agricultores que «están haciendo las cosas bien con mucho esfuerzo», apuntan a La Tribuna fuentes próximas a la investigación, que aunque centrada en una compañía que tiene su sede en Torralba de Calatrava, se ha extendido a otras explotaciones de pueblos de la provincia de Ciudad Real. «Se van abriendo investigaciones en localidades de la provincia y cerrando otras» añaden las fuentes sin entrar en detalles porque siguen las indagaciones. Aunque la investigación de la Guardia Civil se abrió hace más de un año, no trascendió hasta ayer, causando una auténtica sacudida, sobre todo en el sector.
El Servicio de Protección de la Naturaleza y Medio Ambiente de la Guardia Civil de Ciudad Real no está solo en la investigación, también cuentan con la Gendarmería de Francia y la Europol (Agencia de la Unión Europea en materia policial). En el punto de mira: «la principal comercializadora» española de frutos secos, Pistachos del Sol, con sede en Torralba de Calatrava, que presuntamente estaría produciendo «un pistacho ecológico falso», señalan otras fuentes que han participado en las indagaciones.
El caso, que todavía sigue en fase de instrucción, analiza un posible fraude alimentario al consumo al procesar y comercializar como pistacho ecológico el pistacho normal. Como se comercializa en Europa, principalmente en Francia, hay abiertas sendas causas investigadas por la Gendarmería francesa y el Seprona de Ciudad Real, con la ayuda de la Europol.
Más de 70 investigados. Hay más de 70 personas investigadas y/o imputadas. Además, en la investigación se ha ampliado los delitos a falsificaciones de documentos oficiales y blanqueo de capitales, lo que puede suponer penas de prisión superiores a 10 años.
Las investigaciones han sido declaradas secretas tanto en España como en Francia, y se han registrado más de 10 lugares entre los dos países. El efecto de la presunta estafa es relevante en varias dimensiones: porque el precio pagado por sus cosechas a los agricultores de esta empresa es muy superior a su competencia y crea una distorsión del mercado agroalimentario, además de desincentivar a los agricultores de cultivo ecológico.
España tiene un posicionamiento destacado en Europa por su agricultura y sus productos ecológicos, ya que son los que mejor se pagan y repercuten en el esfuerzo e inversión del resto de agricultores. Además, esta situación puede afectar a la marca ecológica de España a todos los niveles. También tiene implicaciones de salud pública, ya que muchos alérgicos diagnosticados y personas con dietas especiales no pueden consumir productos convencionales, y en especial el pistacho ya que requiere de gran cantidad de tratamientos fisicoquímicos de alta persistencia y fuerte trazabilidad en la cadena alimenticia.
Por otra parte, los agricultores pueden estar firmando los contratos de la próxima temporada, tenerles en exclusiva y con sus cosechas hipotecadas, sin conocer realmente esta situación. Al no poder cambiar de operador agrícola sus líneas de crédito y su capacidad financiera puede quedar bloqueada ante los juzgados, ya que es posible que pudiera haber daños y perjuicios civiles y penales millonarios tanto en España como en Francia. Se prevé que cada país donde se ha vendido este producto se sume a las demandas, especialmente donde el volumen ha sido relevante como Inglaterra, Alemania, Suiza y Holanda.
La Guardia Civil lleva tiempo trabajando en este asunto y, en un comunicado oficial, destaca que en el marco de la operación Pevera ha detectado «a una empresa que se dedicaba a la producción, distribución y venta de pistachos supuestamente ecológicos bajo una marca que no cumplían con dichos requisitos». La operación se ha saldado con la investigación de 14 personas en Ciudad Real, Madrid y Málaga, donde se han intervenido pistachos que recibían empresas con «un uso fraudulento de la certificación ecológica».
La Guardia Civil calcula que los beneficios obtenidos con este engaño son superiores a los seis millones de euros. Con esta presunta práctica fraudulenta hacían que el rendimiento económico se elevara entre un 60 y un 80% por encima del valor real del producto, según la agencias de noticias Servimedia.
La Guardia Civil detectó mezcla de pistacho ecológico con pistacho convencional a raíz de informes de laboratorio en los que se hallaron compuestos químicos pesticidas como glifoaato o clorato, haciéndolo incompatible con el proceso de agricultura ecológica. «La principal comercializadora española se dedicaba a distribuir estos pistachos sin los requisitos establecidos por el sector, y sin ningún tipo de garantía en la certificación ecológica». Así la trazabilidad del producto se perdía, constituyendo un verdadero fraude alimentario para el consumidor, que compraba el producto «hasta tres y cuatro euros por kilo más caro». La colaboración del Juzgado de Instrucción 1 de Manzanares y el de Meyreuil (Francia) fue fundamental para la aplicación de la orden europea de investigación y registros del principal distribuidor tanto en España como en el país vecino.