La directora general de Alimentación en Castilla-La Mancha, Elena Escobar, recordó que los hechos parten de un problema de trazabilidad detectado en la empresa en 2017, fue entonces «cuando el Gobierno regional suspendió a la empresa durante seis meses el certificado para operar como ecológico». Un certificado que se le devolvió.  

Escobar, en declaraciones a La Tribuna, insistió que este hecho «no supone ningún fraude en el pistacho de Castilla-La Mancha  y que todas las empresas que operan en la región ofrecen todas las garantías de que el pistacho que se comercializa es ecológico». Asimismo aseguró que la región es una de las comunidades autónomas donde más controles se hacen para verificar la autenticidad del pistacho.

Ante toda esta situación, trasladó un mensaje de tranquilidad e insistió que «es un hecho del pasado».