Dos meses le quedan a la Junta de Comunidades para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que le condena a readmitir a los interinos despedidos en el verano de 2012. Así lo trasladaron ayer los representantes sindicales de STAS-CLM Intersindical y UGT, sindicatos demandantes que además acusaban ayer al Gobierno regional de haber «mentido» a los ciudadanos y haber hecho perder dinero del erario público intentando dilatar aún más el proceso a pesar de que existía sentencia firme.

El secretario de STAS, Gustavo Fabra, explicó que el pasado martes recibieron la notificación del Tribunal Supremo sobre la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la Junta, lo que, a su juicio, «desmonta todas las mentiras del Gobierno de María Dolores Cospedal» que en opinión de los sindicatos ha protagonizado un «espectáculo esperpéntico» con este asunto.

Y es que Fabra recordó que el pasado 26 de octubre, domingo, la Junta anunció que retiraría el recurso, pero descubrieron «asombrados» que la solicitud se produjo el 24 de octubre y desde el 16 de octubre el Supremo ya había dictado una sentencia inadmitiendo el recurso de casación.

Por todo ello, STAS y UGT consideran que el Ejecutivo ha estado «engañando» a la ciudadanía y a los funcionarios públicos. No obstante, Fabra aseguró que se preguntan si realmente no sabían que el Supremo había emitido sentencia, y de todos modos no entienden por qué no presentaron antes el recurso si la jurisprudencia cambió el 5 de febrero. Por este motivo, lo que sostienen los sindicatos es que la Junta ha estado «dilatando en el tiempo la ejecución de la sentencia a costa del erario público».

El secretario de STAS recordó que hoy comparece en el Pleno de las Cortes el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban, al que lanzó una serie de preguntas. Así, les gustaría que respondiera sobre cuándo fue consciente la Junta del cambio de jurisprudencia, por qué no la aplicaron antes, cuánto ha costado esta «maniobra dilatoria» -puesto que cada semana cuesta 210.000 euros que estos interinos todavía no hayan sido readmitidos-, y sobre todo a qué espera para convocar una mesa sectorial y para cesar al director general de la Función Pública o es que éste se va a sentar en la mesa de negociación que abordará la ejecución de la sentencia que le condena, se preguntan.

Por su parte, la secretaria del Sector Autonómico de FSP UGT CLM, Beatriz Tormo, manifestó que «las mentiras tienen las patas muy cortas y tarde o temprano se descubren». Asimismo, indicó que a partir de este momento la Junta cuenta con dos meses para ejecutar la sentencia firme de manera voluntaria, de manera que si no se produce los sindicatos tendrán que acudir de nuevo al Tribunal para solicitar la ejecución forzosa.

Tormo señaló que lo que ha ocurrido «viene a demostrar que no hemos mentido nunca» (los sindicatos), así como «la incompetencia de un Gobierno que ni siquiera es capaz de desistir a tiempo». De hecho, lo que consideran los sindicatos es que la Junta ha intentado «lavarse las manos, engañar, salvar su pellejo, y reírse de todos haciendo gala de cinismo y prepotencia».

La representante de UGT apuntó que ahora que existe sentencia firme sí es obligado convocar la mesa y por ello instan a la Junta a que lo haga esta misma semana. «Esperamos que nos convoquen pero no me fío de ellos», concluyó Tormo.