Es difícil resistirse y no dedicar un día como hoy este artículo  a la guerra entre Israel y Hamás. Desgraciadamente creo que el conflicto se va a prolongar más de lo que quisiéramos e incluso se puede soportar y que tendremos ocasión más adelante de escribir sobre esta tragedia enquistada desde hace ya muchas décadas en el corazón de Oriente Próximo. En cambio, no creo que tengan tanto recorrido los trámites para la investidura del próximo presidente del Gobierno de España, entre otras cosas, porque  los plazos mandan y los procesos son inaplazables. 
Está suscitando una gran preocupación entre los ciudadanos, después de cómo ha quedado el reparto de  escaños tras las elecciones de julio, el hecho de que la posible investidura del candidato de la coalición de izquierdas parece que pasa necesariamente por la aprobación de una posible ley de amnistía, el reconocimiento de la autodeterminación y la aceptación  de un referéndum. Estoy de acuerdo con Javier Cercas, en que, como escribía el pasado domingo en su artículo de El País Semanal,  Tenemos un problemón. Si después de que en un partido político se haya pasado de defender la imposibilidad de la amnistia a mantener su necesidad  solo por el hecho de que que sin los votos de quienes la piden no habrá investidura, y esto no ha generado  ninguna posición crítica relevante dentro del partido y en los medios de comunicación afines, habiendo doblegado todos su criterio a la imposición de las circunstancias y las conveniencias particulares, el problemón es de aúpa. Porque si los compromisos ante los electores no importan y los partidos y los medios de comunicación se han convertido en maquinas de digerir  convenientemente contradicciones sin rechistar tenemos, los ciudadanos y la democracia, un serio problema.
Me parece más grave aún asumir los principios que subyacen bajo los argumentos en los que se apoyan para justificar este cambio de posición. Se esgrime como argumento que el cauce más adecuado para la resolución del conflicto catalán es el político y que la judicialización de los hechos acaecidos en relación al referéndum ilegal del 2017 en Cataluña y la posterior declaración de la República no contribuye  sino a ahondar aún más el conflicto. En el proceso de postmodernizar la política que está llevando la izquierda, se arremete en esta ocasión contra uno de los pilares de la configuración moderna del Estado, el que lo define como Estado de Derecho. 
La gravedad que encierra el argumento está en que se sustenta sobre la idea de que la política, la decisión política, como ya mantuvo el jurista alemán, miembro del partido Nacionalsocialista, Carl Schmitt, es autónoma e independiente respeto a la ley. ¿No judicializar la política significa que los políticos están al margen de la ley? ¿Quiere decir que están exentos de su cumplimiento  o están a salvo de que en cualquier momento puede recaer sobre ellos su peso? ¿Quiere decir que los políticos no están limitados por las leyes? Montesquieu decía que "Nada puede ni debe estar por encima de las leyes que rigen una sociedad" y el ilustrado Kant sienta las bases para que el derecho, como expresión de la razón y como depósito de un contenido axiológico mínimo, sea el canal de expresión del poder del Estado. La propuesta de amnistía que está sobre la mesa de negociación conlleva la pretensión de un poder sin control o límites, ni los de la ética ni los del derecho (Maquiavelo, Bodin, Hobbes). Indultos y amnistía a políticos pueden enmascarar el pestilente olor que desprenden siempre las pretensiones injustificadas de desigualdad y también pueden llevar a un peligroso sentimiento popular de estado de decadencia. Por otro lado, hay quienes ven en la amnistía,  y esta es otra consecuencia de este proceso que se está produciendo de postmodernización de la política, una oportunidad más para, como en algunas ocasiones ya han manifestado algunos políticos,  la conveniencia de vaciar de sentido punitivo las leyes. Hay quienes ven en el  derecho penal  un sistema de control patriarcal para mantener el orden social y disciplinar que, por tanto, debe ser cuestionado y transformado hacia alternativas que, según ellos, deben ser menos represivas. 
 Las circunstancias en algunas ocasiones son muy complicadas y la deriva de los estados y las democracias pueden depender en muchas ocasiones de intereses especialmente singulares o personalistas.  El derecho puede ser la mejor garantía y salvaguarda de la igualdad y del bien común.