Discrepo del presidente del Gobierno cuando dice que sus adversarios solo quieren "ocultar la realidad bajo el fango". Véase el consenso PP-PSOE que ha impulsado la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular (ILP) que reclama la regularización de medio millón de extranjeros que han venido a buscarse la vida a nuestro país.
Buscarse la vida sin haber cubierto los requisitos legales exigibles (permiso de residencia) no convierte en proscritos o ciudadanos de segunda, a personas procedentes de otros países que ya viven y trabajan en España. La realidad del ser humano no fluye en concordancia con los marcos legales. El apremio de la supervivencia no espera el desabrido dictamen de una ventanilla. Aunque haya que recurrir a la ventanilla para normalizar lo que ya se ha hecho normal en términos de residencia, contrato laboral e inserción social.
De eso va la entrada en el telar parlamentaria de una norma que aspira a legalizar a las personas extranjeras que residen de forma irregular en España con anterioridad a noviembre de 2021. El objetivo llega respaldado por los casi 700.000 españoles que han firmado la iniciativa popular y una sobradísima mayoría del Congreso, no solo del PSOE y el PP, en principio concordantes en la tesis de que "no se trata de decretar una barra libre ni tampoco de cerrar a cal y canto las fronteras, sino de constatar que España necesita y va a necesitar a miles de inmigrantes incluso para sostener su propio tejido productivo", según Patxi López, portavoz parlamentario del PSOE, una vez superadas las dudas iniciales del Gobierno respecto a una regularización no encajable en la normativa de la UE.
Tan importante es el contenido de la propuesta como el hecho de que sea compartida por las principales fuerzas de representación parlamentaria. No estamos sobrados de objetivos comunes que escapen a la insoportable polarización de la política nacional. He aquí uno de ellos: la regularización de inmigrantes que, de hecho, ya están contribuyendo al funcionamiento del sistema productivo. Amén.
Solo la ultraderecha se ha mostrado contrario a esa venidera regularización, una vez que la norma pase por la consabida fase de enmiendas que peinen el texto definitivo. En su intervención de este miércoles en el pleno de la cámara baja, el líder de Vox, Santiago Abascal, desbarró respecto a los supuestos peligros de una inmigración que, según él, solo sirve para dejar muertos en el mar, crear inseguridad ciudadana, degradar los servicios públicos y de extender la amenaza yihadista.
Se equivoca, porque el impulso es transversal, no inspirado por este u otro partido. Afortunadamente, Abascal se quedó solo defendiendo una posición tan injusta y reaccionaria que mereció la brutal reacción de Íñigo Errejón (Más País), que calificó a Abascal de "fascista" y "mala persona".