Aún más que casa, podríamos decir 'el enigma de Isabel', en referencia al nombramiento de Isabel Rodríguez García como ministra de Vivienda y Agenda Urbana de España en el reciente gobierno constituido de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, dejando tras de sí el Ministerio de Administración territorial y la portavocía del gobierno. Nombramiento que –en primera instancia– ha contado con las salutaciones, beneplácitos y parabienes de rigor; cortesía de la ocasión al felicitar al nombrado/da y en donde se ha puesto en valor el paisanaje, la fraternidad ideológica, la proximidad al ciudadano, la risa pronta o los precedentes en la gobernanza de Puertollano. 
Pocos de los saludadores se han interrogado por el significado de la resurrección ministerial de un departamento que el mismo PSOE ya había resucitado en la VIII legislatura –tras su anterior desaparición en 1977, sin que los gobiernos de UCD y del primer PSOE de Felipe González sintieran necesidad de reponer esa estructura tan contagiada del primer franquismo– siendo presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, con la finalidad –se dice en la página digital del pecio llamado Ministerio de Vivienda– «de garantizar a todos los ciudadanos el acceso a una vivienda de calidad», que ahora llaman 'cuarto pilar del estado del bienestar'. Otorgando, Zapatero, la cartera ministerial a la extremeña María Antonia Trujillo, de 2004 a 2007, que pasaría después, brevemente, a manos de Carme Chacón –un año apenas, del 2007 al 2008–, para concluir con el mandato de Beatriz Corredor entre 2008 a 2010, que comandaría durante un año –2010-2011– la Secretaria de Estado y Actuaciones Urbanas, con Blanco como ministro ya de Fomento que no de Vivienda.  
La súbita aparición del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en el otoño de 2023 no tiene explicaciones aparentes, más allá de ciertas cuotas de reparto regional en los diferentes ministerios y del debate abierto –y no resuelto aún– con la Ley del derecho a la vivienda (LDV23), aprobada en el pleno del Congreso de los Diputados del 27 de abril pasado. Ley que ya cuenta con los recursos de la Generalitat catalana y del Gobierno vasco, por entender que se invaden competencias propias. El desarrollo de LDV23 y su puesta en funcionamiento requerirá el acuerdo con las comunidades autónomas que detentan las competencias exclusivas en materia de vivienda. La salvedad del salto experimentado en la administración de vivienda, pasando de Dirección General a Ministerio de Vivienda, no deja de ser un sutil trampantojo.