El 16 de octubre, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, publicaba el acuerdo 28/09/2023 de la Mesa de las Cortes, por el que se conocían las declaraciones de actividades, bienes y rentas de los diputados electos, todo al amparo de las normas que demandan más transparencia en el ejercicio de las actividades políticas. Acuerdo que en su lectura es una forma más de mirar el mundo de la política desde el balcón de las citadas declaraciones. Y que permiten atisbar los rendimientos verificados por sus señorías –tanto a su llegada con la posesión, como a su partida con el cese–, en evitación de malentendidos y de lucros sospechosos.
En algunos declarantes señoriales, como son sus señorías –como forma de tratamiento y designación de cierta dignidad– uno tiene la sensación de asistir a un exhibición de sus propios señoríos y derechos. Esto es, y en su sentido histórico y genealógico, asistimos a la exhibición de cierto fuero y de cierto dominio territorial. Para ello el recuento de las declaraciones publicadas lo puede hacer cualquier lector curioso del referido Diario Oficial. Incluso –para facilitar el acceso– se llegó a publicar en este diario, el pasado 17, Lo que ganan y tienen sus señorías con algunos datos llamativos. Pero no deja de ser sorprendente, en todo ello, circunstancias como la ausencia de un régimen de incompatibilidades entre la actividad pública y la privada, o las duplicidades de cargos públicos desempeñados y retribuidos, como muestra de cierto sentido de cuerpo o de casta. Y así se obtienen perlas como las 14 propiedades declaradas por un diputado de VOX, las 20 propiedades inmobiliarias de tenencia de otro diputado socialista o las 14 de otro multipropietario, diputado del PP. Echándose a faltar los datos de otros perfiles muy conocidos y acaudalado, pero ausente en la declaración. Que suponemos sólo sea fruto de un retraso o de un olvido. 
Y de todo ello, tal vez, sea causa el comentario de Diego Murillo, director de La Tribuna, el 23 de octubre, ¿Qué fue de la política? Picotazos duplicados que terminaban con la sorprendente, por prematura, dimisión del concejal de Urbanismo de Ciudad Real, Óscar Ruiz, cuando apenas han transcurrido cuatro meses desde la asunción de sus competencias y cinco desde la constitución del Ayuntamiento, dando lugar a la primera crisis –cuando apenas se celebraban los 100 días de gobierno, hace un par de semanas– en una concejalía central en el gobierno municipal y llamada a marcar la gestión de la Corporación y que súbitamente, cambia el marco de trabajo y el supuesto protagonista de todo ello.