El predominio constante del Ejecutivo y su intromisión en los demás poderes nos lleva directos a la dictadura, al control total del Estado por parte del Gobierno. En esta situación, estar con los jueces y fiscales implica estar con el Estado de derecho, con la democracia, con la libertad y con el sentido común. La pretendida reforma Bolaños supone un ejercicio opresor del derecho y de control social antidemocrático, atentando directamente contra la división de poderes y marcando el último escalón de este golpe de Estado que viene perpetrándose pasito a pasito. 
Apoyemos, pues, sin fisuras, a las cinco asociaciones de jueces y fiscales que se están movilizando e irán a la huelga si el Gobierno no retira el proyecto de ley Bolaños que pretende modificar el acceso a ambas carreras y dejar las investigaciones penales en manos de los fiscales. En concreto, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han apoyado hacer huelga contra el Ejecutivo los días uno, dos y tres de julio, si las reformas no se retiran antes, además de convocar una concentración el próximo sábado frente a la sede del Tribunal Supremo, todo ello, en el fondo, para defender la efectividad del Estado de derecho, la sumisión de los poderes públicos al imperio de la ley, la interdicción de la arbitrariedad y la igualdad ante la ley.
Dicen los convocantes que el proyecto constituye un grave retroceso en los valores de independencia judicial y separación de poderes, contraria al derecho de la Unión Europea y a la Constitución, pretendiendo controlar políticamente ambas carreras, siendo preciso preservar la independencia judicial y la separación de poderes, sin las cuales no existe el Estado de derecho. Manifiestan que el actual sistema, mediante oposición, garantiza que cualquier persona, independientemente de su origen social y su ideología, pueda competir en igualdad de condiciones.
La reforma Bolaños es propia de quien piensa estar cuarenta años más en el poder. Lo mosqueante es que, quien está empeñado de esta manera tan contundente en contar con jueces de su propia cuerda política, pensando en evitarse futuras imputaciones y en manejar el cotarro sin control alguno, lo lógico es considerar que lo hace desde la perspectiva de que esto va a ser ya para siempre, que no van a dejar el poder nunca o en muchos años. Porque, siguiendo esta idea, si alguien promueve esta reforma con dichos fines deplorables, a dos años de las elecciones, sería fácil pensar en la ineficacia de la medida si finalmente perdieran las elecciones y gobernaran otros, que por aplicación de la misma ley podrían entonces nombrar a otros jueces afines a su ideología. 
Es para echarse a temblar.