Manuel Lorenzo reconoce que en los últimos meses la situación tras la pandemia ha mejorado, pero solo en lo que se conoce como primer mundo. En los países en desarrollo los problemas siguen presentes, por lo que insiste en reclamar voluntad a los poderes públicos, pues -apostilla- es la única forma de mejorar las condiciones de vida de millones de personas. Y no, no se puede mirar hacia otro lado.

Lleva algo más de tres años al frente de la Coordinadora, ¿cómo han sido estos años?

La situación es Castilla-La Mancha, en el ámbito de cooperación, no era la más idónea y, aunque a un ritmo lento, se va avanzando y, en cierta medida, mejorando la política pública de cooperación en la región. Había muchos retos y muchos siguen estando presentes pero hay avances. 

¿En qué se ha conseguido avanzar?

Hemos avanzado en la preparación- Estamos finalizando la Estrategia de Cooperación al Desarrollo de Castilla-La Mancha. Esperamos que en septiembre se pueda convocar el Consejo Regional de Cooperación y podamos aprobarla para fortalecer la estructura de la política pública de cooperación. Hasta ahora se basaba en la publicación de las convocatorias y poco más. 

¿Hasta la fecha no había ninguna Estrategia de Cooperación al Desarrollo en Castilla-La Mancha?

Antes de la anterior crisis estábamos en una situación, no diríamos a la cabeza, pero en el grupo de comunidades autónomas que mayor porcentaje de fondos de cooperación tenían. Esto se truncó y la cooperación se suprimió en la región. En la anterior legislatura empezó a recuperarse, lo que pasa es que el ritmo es muy lento. Ahora mismo estamos casi a la cola de todas las comunidades. Estamos muy lejos de la meta mítica del 0,7% Actualmente estamos en un 0,03%, en el vagón de cola, junto a Murcia, Castilla y León y la Comunidad de Madrid. Somos la cuarta comunidad que menos porcentaje de fondos dedica a cooperación al desarrollo. Esto es llamativo porque no es acorde con la realidad de la región y, sobre todo, con la solidaridad de la sociedad. Creemos importante que a nivel político se refuerce esta política de cooperación y se aumenten los fondos. 

¿Ve complicado que las administraciones públicas vuelvan a destinar esa cantidad de fondos de la que hablaba antes de las crisis económicas y sanitaria que hemos pasado?

Es una cuestión de voluntad política y de creer en la cooperación, en la solidaridad, en la lucha contra la pobreza, el hambre, las desigualdades y los conflictos. No es una cuestión del Estado. Las comunidades autónomas también tienen su papel y así queda reflejado en la Ley de Cooperación estatal. Ahí se habla de la cooperación descentralizada y del papel de las administraciones regionales y locales, es decir, de las diputaciones y ayuntamientos. Sin voluntad política, evidentemente, es complicado. Hemos tenido un ejemplo claro con la pandemia, lo que pasa en el último rincón del mundo no nos puede resultar ajeno. Antes o después nos afecta. No podemos mirar para otro lado. La cooperación no es la solución a todo, pero sí contribuye a reducir y a mejorar las condiciones de vida de millones de personas.

Considera necesario también impulsar reformas legislativas para adecuar el marco normativo existente a nivel autonómico a la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad estatal. ¿Lo ve posible a corto plazo?

Es una de las cuestiones que queremos abordar a lo largo de esta legislatura. La Coordinadora ya lo ha hablado con la Consejería porque tenemos una Ley que está obsoleta, del año 2003, y que está ahí sobre el papel y poco más. Ahora contamos con una nueva Ley estatal publicada en febrero. Una ley muy avanzada, la cual hace una referencia muy clara a la cooperación descentralizada. La ley estatal blinda, por primera vez, el compromiso de alcanzar el 0,7%. No es solamente para el Gobierno, si no para todas las administraciones públicas. Además es una ley que nace con un amplísimo consenso en el Congreso. Fue aprobada por todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, aunque eso era de esperar. Esto interpela también a Castilla-La Mancha para que traslademos lo que dice la ley estatal a nuestra comunidad autónoma. Por los primeros contactos que hemos tenido con la Consejería, hay voluntad de iniciar el proceso. Por nuestra parte, en septiembre, intentaremos mantener reuniones con los diferentes grupos parlamentarios de las Cortes regionales para plantear el inicio del proceso de reforma y actualización de la Ley de 2003. 

Comenta que la Ley estatal blinda el compromiso de alcanzar el 0,7% a todas las administraciones públicas. De no conseguirse, ¿hay algún tipo de sanción para aquellas que no cumplan?

La Ley habla de compromiso. En los Presupuestos Generales del Estado había un aumento considerable en la partida de cooperación al desarrollo pero España aún está lejos de alcanzar el 0,5%. El compromiso inicial del Gobierno de España era alcanzar un 0,45% y estamos en un 0,4%. Entiendo que si el Gobierno actual continúa pues seguirán manteniendo ese compromiso. Pero si hay un Gobierno del Partido Popular, cuando su Grupo Parlamentario aprobó la Ley en el Congreso, entiendo que también lo mantendrán. 

Pero el PP necesitaría a Vox para gobernar y Vox no aprobó la Ley en el Congreso.

Ahí ya no sabemos qué pasará. Si embargo, en Castilla-La Mancha hay mayoría absoluta. Antes de las elecciones tuvimos reuniones con el Grupo Parlamentario Popular y hubo una posición clara de apoyo y mejora de la política de cooperación al desarrollo en Castilla-La Mancha. Cuando se inicie el proceso de reforma de la Ley de Castilla-La Mancha no creo que haya ningún problema por parte del PSOE ni del PP. Probablemente Vox estará en contra, pero no lo sabemos. 

¿Cómo se puede mejorar la transparencia en la gestión de los fondos y una mayor participación de la sociedad civil?

Nosotros tenemos la máxima transparencia. Cualquier proyecto que se nos aprueba, tenemos que justificarlo al máximo. Nuestra información, además, está publicada y es accesible en nuestras páginas web. En el caso de las administraciones es difícil, a veces, acceder a este tipo de información. Si hay una convocatoria pública de concurrencia competitiva, es necesario que, cuando se resuelve, se publique toda la información y todo el mundo tenga acceso a quién se le ha aprobado tal proyecto, cuantías, etc. A veces es complicadísimo acceder a los datos de un ayuntamiento o diputación. Esta información tiene que ser accesible para todos. La ciudadanía tiene que saber a dónde van sus impuestos. 

¿A qué se debe que algunas administraciones no ofrezcan toda la información sobre los proyectos de cooperación al desarrollo que aprueban?

Pedimos que publiquen en sus páginas web, igual que publican todo tipo de informaciones, toda la información sobre los proyectos de cooperación al desarrollo. Pero no se produce en muchos casos, en otros sí. Luego hay otras administraciones que dedican presupuesto a cooperación, pero no sacan convocatoria. Son subvenciones nominativas. Bajo los criterios que ellos consideran, le dan un porcentaje a una ONG. No sé qué criterios emplean. Eso también nos parece una falta de transparencia.

En apenas unas semanas acaba el verano y arranca una nueva legislatura, ¿qué retos y objetivos se marca la Coordinadora?

El escenario a nivel internacional no es muy bueno. Vemos como la pobreza, el hambre, las desigualdades, los conflictos, la vulneración de derechos humanos, el impacto del cambio climático siguen estando muy presentes.  Es fundamental mejorar y reforzar la política de cooperación a partir de un aumento considerable del presupuesto. No podemos estar en el vagón de cola de las comunidades autónomas. También hay que reforzar la política pública a través de la Estrategia de Cooperación que está casi finalizada; y reformar la Ley de Cooperación. Serían pasos importantes. Por otro lado, nos parece fundamental todo lo que está relacionado con la educación para la ciudadanía global o educación para el desarrollo, porque la ciudadanía tiene que ser consciente y conocer estas realidades. Estamos viendo el auge de discursos extremistas y nos parece preocupante. En primer lugar, estos discursos son falsos y, en segundo, no contribuyen en nada a la convivencia ni al respeto de los derechos fundamentales de las personas. 

Ya lo ha avanzado Page, quiere reformar el Estatuto de Autonomía. ¿Cómo trabajará la Coordinadora para lograr introducir mejoras en esta norma que afecte a las políticas de desarrollo?

El Tercer Sector es amplio y heterogéneo y representamos a diferentes colectivos y no está suficientemente reflejado. Es verdad que contamos con una Ley del Tercer Sector, aunque le queda mucho recorrido para su desarrollo y creemos que es fundamental que el Estatuto, que es la norma más importante de nuestra comunidad autónoma, pueda verse reflejado el papel que juega el Tercer Sector en nuestra región. Nos dicen desde las administraciones públicas que el Tercer Sector llega donde ellas no llegan, pues muy bien, reconozca esto también sobre los documentos. El amor en política se traduce en presupuestos y en boletines. Lo demás son palabras y se las lleva el viento. 

Aún no han empezado los contactos para la reforma del Estatuto, ¿teme que los meses pasen y, finalmente, no se logre llegar a introducir mejoras en los servicios públicos?

Aportarán los esfuerzos en reformar la Ley Electoral y luego los servicios públicos, como casi siempre, lo último. Pero confío en que se abra por lo menos un diálogo y un debate y que se pueda avanzar. No obstante, hay que destacar el apoyo que se ha dado en este último año a las asociaciones que formamos parte de la Mesa del Tercer Sector. Lo mismo que digo que hay puntos débiles también hay que valorar esto. Se ha aprobado un presupuesto de 460.000 euros para la Mesa del Tercer Sector que se distribuye entre las diferentes plataformas que formamos parte de ella. Esto nos genera una estabilidad que valoramos bien.