Segunda semana del juicio que se está celebrando en la Audiencia Provincial contra dos empresarios de Ciudad Real acusados de delitos de estafa y falsedad documental por, supuestamente, haber endosado a la entidad bancaria Caja Rural de Ciudad Real, después Globalcaja, facturas que no se correspondían con la realidad, además de haber falsificado un documento oficial de la Junta de Comunidades para que el banco le adelantara una cantidad de dinero mayor al importe real de la subvención. Los dos imputados se enfrentan a una pena de prisión de ocho años y al pago al banco de una indemnización de 30,7 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.
Este lunes han vuelto a faltar varios de los testigos citados, representantes de las empresas para las que supuestamente habría trabajado el Grupo SIMA (Sistemas Martínez), y que habrían generado esas facturas que la representación legal de Globalcaja y la Fiscalía sostiene que son falsas. El único de ellos que sí acudía a testificar era el que en el momento de los hechos denunciados, entre los años 2029 y 2012, era director general de la empresa Obratel Construcciones y Servicios. Éste, a preguntas de los letrados, ha corroborado la versión del banco, en el sentido de negar cualquier tipo de responsabilidad con unas facturas emitidas a favor de SIMA por importe de 5,1 millones de euros, dinero que Globalcaja sí adelantó a los empresarios pero que después no pudo llegar a cobrar. "Hemos comprobado que estas facturas eran falsificadas, que no tenían relación con los trabajos que sí nos habían realizado", afirmaba en su testimonio, añadiendo que los documentos en cuestión tenían un número de factura que no figuraba en su contabilidad, que se había falsificado la firma de su ingeniero de obras y que incluso se habían puesto mal sus apellidos.
De hecho, el entonces representante legal de Obratel explicaba ante el tribunal que su empresa firmó un documento con SIMA a modo de finiquito de una obra que este grupo de empresas sí realizó para ellos en Sicilia (Italia), concretamente en una planta fotovoltaica, cediéndoles unos pagarés por valor de 6,5 millones de euros. Un documento que se rubricó en octubre de 2011, y que a partir de esa fecha no se volvió a tener ninguna relación comercial con el grupo de empresas de los acusados. Por ello, repetía tajantemente que las facturas causantes de la querella, que datan del año 2013, "no tienen nada que ver con nosotros".
Subvención de la Junta de Comunidades
El otro testigo que ha declarado este lunes ha sido el funcionario responsable de los informes sobre una resolución de la Dirección General de Incentivación Empresarial de la Junta de Comunidades, por un montante de 134.127 euros, cuando la acusación sostiene que los empresarios presentaron en las oficinas de Globalcaja un documento manipulado por un importe mayor, 268.254 euros; una falsificación que afloraría al comparar el documento oficial de este organismo con el presentado a la entidad bancaria. Sin embargo, el funcionario declaraba en la sala que la explicación radicaría en que el mismo día, el 28 de septiembre de 2011, se emitieron dos resoluciones oficiales, ambas correctas, pero cada una por una de esas cantidades; una relativa a la cantidad de la que había que devengar el incumplimiento parcial de los requisitos por parte de SIMA, y la otra con la cantidad a liberar finalmente. Una explicación que pondría en cuestión la acusación de falsificación de documento oficial que pesa sobre los hermanos Luis y Enrique Martínez, pues según lo declarado por el funcionario, la comparación del documento entregado en Globalcaja se habría realizado con la resolución equivocada.
El juicio, que ha cumplido su sexta jornada, finaliza este martes con las conclusiones finales por las partes y la última palabra de ambos acusados, tras lo cual quedará visto para sentencia. Todo ello después de que el juez presidente del tribunal denegara la petición de nulidad del juicio formulada por la acusación particular ante la ausencia masiva de testigos.