El equipo de Gobierno de Miguel Ángel Valverde, con el vicepresidente Adrián Fernández a la cabeza en organización interna, ha anunciado dos herramientas electrónicas que la Diputación pone a disposición de los ayuntamientos para mejorar el funcionamiento y los servicios municipales, y el regreso del anticipo reintegrable al que se podrán acoger de nuevo.

Fernández ha sido el encargado de presentar, primero, una iniciativa digital que facilitará los trámites relacionados con las infracciones de tráfico, tanto a los consistorios, como a las policías locales y a los ciudadanos. Se trata de una herramienta para su gestión y tramitación que dará soporte a los agentes y generará ahorro en las arcas municipales.

Acto seguido, el vicepresidente ha dado a conocer en esta rueda de prensa, acompañado de la portavoz, Rocío Zarco, el nacimiento también de otro instrumento digital para ayudar en el control e inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas a estos ejecutivos.

A estas dos iniciativas se suma el rescate del anticipo reintegrable que ha venido beneficiando a muchos consistorios humildes de la provincia, así como a los que más recursos tienen, durante varios años. Si bien el pasado 2023 los equipos de gobierno locales no tuvieron esa posibilidad, en este primer año de mandato de Valverde se abre otra vez el proceso para que los ayuntamientos que cumplan los requisitos lo soliciten y cuenten con esa línea de financiación.

"De esta manera, el presidente y todo su Equipo de Gobierno afianzan su compromiso de garantizar el fin para el que se crearon las diputaciones provinciales: el de ayudar a los ayuntamientos, especialmente a los que menos recursos tienen, y, así, facilitarles herramientas administrativas y medios para obtener liquidez, con el objetivo de que presten los mejores servicios posibles a sus vecinos", ha evidenciado Fernández al definir la "esencia" de esta Administración "a la que está entregada Valverde".

Calidad, rapidez, ahorro y transparencia en las multas

Por tanto, la Diputación va a entregar a los ayuntamientos los medios técnicos y la formación necesaria para que la tramitación y el cobro de las sanciones de tráfico sean tan ágiles en los pueblos como lo son en la mayoría de vías de comunicación estatales. La decisión responde a una de las cuestiones que los alcaldes y alcaldesas más han repetido al presidente en sus encuentros de trabajo desde su toma de posesión, en lo que al interés de todos se refiere.

El vicepresidente responsable de los asuntos y servicios a los que compete este anuncio, ha explicado que se va a dar solución a los expedientes que se generan y al desarrollo que conllevan, "sin que esto suponga ningún coste extra ni para los consistorios ni para los vecinos".

La tramitación será íntegramente electrónica, con la automatización de la denuncia y la incursión de los datos de los afectados de forma fácil y gratuita. Como novedad, además, se incorpora la posibilidad de facilitar notificaciones digitales a los infractores, incluyendo la rebaja del 50 % si se abona en el momento, siempre conforme a las ordenanzas municipales y al Reglamento de Circulación de Tráfico. Cabe destacar que dicha tramitación seguirá en manos de los ayuntamientos y que el importe recaudado "irá directamente a las arcas municipales", ha acotado Fernández.

A juicio de esta Diputación y tras las conversaciones con los diferentes regidores, se ha considerado la transcendencia efectiva de la novedad, por el gran volumen de expedientes de esta naturaleza que ya se tramitan. Con este instrumento se aumentan la calidad en el servicio y la rapidez de la actuación administrativa municipal, al tiempo que se elimina el papel, ahorrando gastos y contribuyendo al medio ambiente. Las propias reclamaciones también se harán de forma telemática, por lo que el ciudadano se ve igualmente beneficiado, mientras se aumenta la transparencia.

Para alcanzar el éxito que se persigue, la Institución provincial utilizará su Sistema Integrado de Gestión Electrónica (SIGEM) y ha convocado a los consistorios y a los jefes de policía para que tengan la información técnica de antemano.

Para empresas que facturen más de un millón de euros

En el camino hacia una mejor gestión pública, la Diputación anuncia asimismo la creación de una herramienta para controlar e inspeccionar la tributación de las empresas que pasen del millón de euros. El objetivo es contribuir a la revisión del Impuesto sobre Actividades Económicas que compete a los ayuntamientos y que, en muchas ocasiones, ha sido imposible de actualizar.

Para declarar todas las actividades de esta índole de forma debida y evitar así un perjuicio a Hacienda y a los recursos económicos de los municipios, este plan estará en marcha en mayo e iniciará un censo de empresas que para 2025 se situarán dentro de la norma.

En suma, se busque que se tribute de forma correcta, que se de de baja a aquellas actividades que ya no se ejercen y que se incorporen las que deben tributar como tal.

El vicepresidente ha informado de que se estima un alcance territorial de 22 municipios, con oportunidad de dar cobertura a hasta 25, según la voluntad de los ayuntamientos.

A disposición de los mismos estarán los recursos humanos de la Diputación, con el conocimiento del personal de los servicios de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación, y se contará con la experiencia de empresas privadas. Todo ello con una partida presupuestaria que alcanza los 423.000 euros.

Fondo financiero extraordinario de anticipos reintegrables

En esta misma comparecencia, el vicepresidente ha anunciado que las bases del llamado anticipo reintegrable a entidades locales ya se han aprobado, por un importe total de 4 millones de euros, aunque se contemplan 6 más en la partida presupuestaria por si la demanda lo requiriese.

Las posibilidades que se han fijado pasan por la cadencia de un año, durante los siguientes 10 que restan por delante, sin ningún tipo de interés.

En cuanto a las condiciones para solicitarlo, los ayuntamientos deben acreditar un acuerdo del órgano competente, la aprobación de la liquidación del ejercicio 2023, con ahorro neto positivo, la aprobación definitiva del presupuesto en vigor de 2024, un remanente liquido de tesorería para gastos generales positivo y el cumplimiento de planes de saneamiento en el caso de que tuvieran. Las entidades locales que ya hayan resultado beneficiarias de estas medidas, según el artículo 24 del régimen de endeudamiento también podrán acogerse a esta posibilidad. El plazo de presentación de solicitudes expira el próximo 20 de noviembre de este año y se instaurarán límites para cada ayuntamiento.