Tanto el parking subterráneo de la plaza Mayor como el servicio de transporte de autobuses de la ciudad contará con un nuevo reglamento de funcionamiento, un documento que pretende proporcionar «una cobertura normativa más clara, amplia y precisa donde se establezcan las normas reguladoras del régimen jurídico» de estos servicios. 

Así se detalla en los documentos de las consultas públicas que ha impulsado el Ayuntamiento de Ciudad Real y que se pueden ver en su página web, las cuales tienen como finalidad informar con carácter previo a la ciudadanía para tratar de recabar sus opiniones, lo que pueden hacer hasta el próximo 16 de febrero. 

En ambas consultas públicas previas se detalla que la elaboración de estos nuevos reglamentos son de «obligado cumplimiento, no considerándose ninguna otra posibilidad sustitutoria del mismo». Y es que, tal y como detallan los documentos, la aprobación de un reglamento de funcionamiento es obligado para estos servicios. 

No obstante, hay que tener en cuenta que la realización de esta consulta previa llega «habiéndose cumplido el plazo de la vigente concesión del estacionamiento público de la plaza Mayor», un contrato ya vencido para el que el Consistorio debe buscar adjudicatario. 

En el caso de los autobuses urbanos recuerda que este contrato está «próximo a vencer» y que una de las variables «que miden la calidad de vida de la ciudad es el buen funcionamiento de sus medios de transporte públicos», un servicio en el que «se desplazan cada vez más» las personas, pero que todavía tiene el reto de conseguir los niveles previos a la pandemia, cuando se rozaron los dos millones de euros. Actualmente se está a casi 400.000 usuarios de conseguir esa meta. 

De cara a la consulta se pone de relieve que los usuarios «quieren conocer, de antemano, las condiciones en que se hace ese transporte: los títulos, sus requisitos de validez, sus derechos y obligaciones», detalla en la argumentación de este nuevo reglamento que se promoverá y que pretende definir «claramente las reglas y normas de conducta necesarias para la regulación del funcionamiento del transporte público».