El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reprochado una reducción de la financiación del 80 por ciento a la hora de atender a los menores migrantes en la región. La consejera Portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha desvelado que el martes el Ministerio del ramo convocó una comisión de infancia donde el Gobierno central realizó aportaciones.

Una de ellas tenía que ver con la financiació. Según Padilla, cuando antes el Gobierno central dedicaba 145 euros al día para la atención de los menores migrantes, ahora dedicará 35 euros por menor. Una situación que el Gobierno de Castilla-La Mancha no ve «suficiente» en palabras de la propia consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano.

En concreto, Castilla-La Mancha recibirá 4,1 millones de euros para la atención de 320 menores migrantes, tras el reparto del Gobierno central en las comunidades autónomas. Es por ello que García Torijano ha insistido en que prime el «sentido común», ya que con la ayuda del Gobierno de España solo se podrían financiar «tres meses» de acogida: «Creo que se quiere vender un relato que va a ser muy difícil poner en práctica», ya que los menores no pueden entrar si no hay recursos habilitados y estos no se pueden habilitar de un día para otro, ha subrayado.

«Vamos a estar siempre y cuando se vele y se garantice la financiación necesaria básica», ha insistido la consejera, instando nuevamente al Ministerio de Infancia a que «apueste económicamente; si lo hace, Castilla-La Mancha apostará socialmente», ha señalado, defendiendo el modelo de acogida que tiene esta región y que no les gustaría romper.

Ha manifestado que, en todo caso, si les obligan, Castilla-La Mancha «va a cumplir» en la medida de las posibilidades que pueda, pero entendiendo también «que se están vulnerando los derechos de los menores por parte del Gobierno de España», ha dicho tras abundar a la pregunta sobre cómo lo harán si no hay recursos diciendo que «cuando se llegue a ese puente se cruzará el río».

En todo caso, ha precisado que actualmente están a la espera de la conferencia sectorial que hay prevista para la próxima semana, en la que cree que se adelantará cómo va a quedar el mapa tanto de acogida como de financiación. Ha dicho que la última propuesta ya incluye a las comunidades autónomas, pero con ese recorte de la financiación de las plazas.

La titular de Bienestar Social social ha reconocido que está siendo «difícil» que Gobierno central y las comunidades autónomas lleguen a buen puerto precisamente por desacuerdos en torno a la financiación: «Es una pena pero también una realidad» el hecho de que el Ministerio de Infancia no está poniendo sobre la mesa la partida necesaria para poder hacerse cargo de la acogida de menores, ha lamentado.

«Los recortes no pueden entrar dentro de la solución de los problemas», ha subrayado a la par que ha incidido en la disposición de Castilla-La Mancha a colaborar, pero siempre sin vulnerar los derechos de estos niños, lo que a juicio de la consejera pasa por tener en cuenta que el coste que suponga su cuidado hay que cubrirlo «con garantías», en igualdad de condiciones que cualquier otro niño que esté tutelado bajo la administración regional.