El Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP), que fue aprobado en la ley de reproducción humana asistida de 2006, permite descartar los embriones que pueden ser portadores de una mutación nociva. En este sentido, es de especial utilidad en el caso de enfermedades causadas por un sólo gen como puede ser la hemofilia, la distrofia muscular, la enfermedad de Huntington o la fibrosis quística, patologías que han diezmado a familias durante generaciones.

Pero también hay parejas que corren el riesgo de engendrar hijos con anomalías numéricas y estructurales (traslocaciones e inversiones) en sus cromosomas. «En las que uno de los miembros presenta alguna alteración cromosómica, así como en aquellas en las que la mujer ha sufrido abortos de repetición o fallos repetidos de implantación en el útero está también indicado», explica María Dolores Cuquerella, directora de laboratorio de Fecundación in Vitro (FIV) de la Clínica Rubal.

El objetivo final del DGP es conseguir llevar a buen término embarazos con embriones sanos. «Las alteraciones cromosómicas dan lugar a embriones que, de llegar a nacer, pueden presentar síndromes como el de Down, Edwards, Patau, Turner o Klinefelter», advierte la experta. En este punto, la edad materna avanzada incrementa el riesgo de transmitir anomalías a la descendencia. «Los óvulos pierden calidad con el paso de los años», recuerda Cuquerella, incidiendo en que «en las mujeres de más de cuarenta años, el 60 por ciento de los embriones están alterados».

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