Con ese informe del TSJ sobre la mesa, lleno de subrayados y anotaciones, el también juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria recibe a La Tribuna en su despacho del decanato.

Comienza un nuevo año judicial, después de uno de los más convulsos que se recuerdan.

Hemos dejado atrás un año difícil en todos los ámbitos de la Administración de Justicia, un verdadero desastre. Se juntaron muchas reivindicaciones, muchísimas jornadas de huelga: primero los LAJS (letrados de la Administración de Justicia) y luego los funcionarios, con lo cual, si ya la Justicia estaba la pobre patas arriba, pues ahora muchísimo más. Se ha perdido mucho tiempo, se ha perdido mucho esfuerzo y muchísimo trabajo, que se está intentando recuperar ahora. Pero la realidad es la realidad y la tiene que conocer todo el mundo. 

 ¿Cuánto se va a tardar en recuperar todo ese trabajo que se acumuló durante aquellos meses?

Es muy difícil responder a eso porque tanto los funcionarios como los fiscales y los jueces pertenecemos todos a una cadena. Se puede llegar hasta donde se puede llegar. 

La ratio en Castilla-La Mancha de juez por habitante es la más baja de España -9,9 magistrados por 100.000 habitantes-. En prácticamente todos los juzgados se supera el módulo de entradas que establece como deseable el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y en prácticamente también todos los juzgados se dictan muchísimas más resoluciones que las que establece como módulo el CGPJ. Evidentemente, este año las estadísticas no van a ser todo lo fiables que debían de ser, en el sentido de que va a haber menos trabajo, se van a dictar menos resoluciones como secuencia de todas las suspensiones de juicios y las huelgas que ha habido. Pero eso no ha implicado que no se esté trabajando muy por encima de las posibilidades, no sólo en el ámbito del juez, sino desde el primero al último interviniente en la Administración de Justicia.

En el caso de la huelga de los jueces, ésta se desconvocó tras llegar a un acuerdo con el Ministerio con una mejora salarial de unos 450 euros, entre otros aspectos. ¿Se han consumado estos compromisos?

De eso nunca más se supo. Las asociaciones profesionales recordaron al Ministerio el compromiso, pero creo que ni han contestado. Pero el acuerdo está cerrado, se supone, igual que el de los LAJS también estaba firmado. 

Que el Estado esté aún bajo un gobierno interino, ¿es una justificación válida o solo una excusa?

Es la excusa recurrente, que está el Gobierno en funciones, pero también es cierto que se sigue legislando, se siguen aprobando presupuestos y se siguen haciendo cosas, pero en el ámbito nuestro no se hace. Es una excusa que no me vale.

Pese a ello, los jueces siguen trabajando...

Más prudentes y más consecuentes que nosotros hay pocos en el ámbito de la Administración, porque por encima de todo, a nosotros lo que nos mueve es el servicio público. Es muy difícil separar las reivindicaciones de la realidad, y la realidad implica que tú tienes que trabajar para impartir justicia, que para eso eres profesional. Y entonces muchas veces las reivindicaciones personales de cada uno quedan en un segundo o un tercer o un cuarto plano.

Además de ese aumento salarial, ¿cuáles son las reivindicaciones del colectivo?

Son muchos puntos, referentes al exceso de carga de trabajo y a la pérdida absoluta de poder adquisitivo. Tengo que recordar que se nos quitaron de nuestro sueldo 700 euros lineales que nunca hemos vuelto a recuperar. Evidentemente, se entiende que por el propio trabajo que implica la labor judicial, uno de los principios que tiene que haber es que esté suficientemente remunerada, pero mucha gente entiende que eso no es así. Intentamos por lo menos recuperar aquello que se nos quitó.

¿Cuál es la fotografía actual de la plantilla judicial en Ciudad Real?

Formamos parte de esa ratio de Castilla-La Mancha, la peor de España, y la ratio de España es una de las peores de Europa en número de jueces por habitante. Es evidente, y así lo han mantenido desde todos los puntos de vista, de abogados, jueces, fiscales y todo el mundo, que las plantillas, y en especial la de jueces, son deficitarias absolutamente en la provincia de Ciudad Real. Todas las memorias del Tribunal Superior de Justicia han reclamado la creación de más puestos, de más juzgados, de más órganos judiciales, de más plantillas. Sólo con cuentagotas se ha logrado algo, como por ejemplo el año pasado, después de muchísimos años sin crear un nuevo juzgado aquí en Ciudad Real, cuando la realidad es que la entrada de asuntos cada año va creciendo y somos los mismos para resolverlos.

¿Qué sería necesario para tener una plantilla bien dimensionada con respecto al trabajo que existe?

En Ciudad Real se está reclamando por lo menos que haya hasta cinco puestos más de jueces, y se está pidiendo la creación del Juzgado número 4 de lo Penal. Es evidente el colapso que hay ahora mismo en los juzgados de lo Penal y en las ejecutorias que llevan esos juzgados, una vez que ha desaparecido un refuerzo que antes había de otro magistrado, en este caso magistrada. 

Además, se está reclamando desde hace mucho tiempo la creación en exclusiva del Juzgado de Violencia de Género. Si todos tenemos que tener una sensibilidad especial en este ámbito, también la tiene que tener el responsable de la creación de nuevos puestos de violencia de género para enjuiciar y, en su caso, condenar y hacer cumplir las condenas a los que cometen ese tipo de delitos.

Y es urgente también la creación de un nuevo Juzgado de lo Social, porque también el aumento de litigiosidad en ese aspecto determina que no se puede llevar actualmente por los tres juzgados. Y podríamos crear y se debería crear otro Juzgado de Primera Instancia e Instrucción para separar las jurisdicciones. Ahora, los jueces de Primera Instancia e Instrucción tienen tanto el ámbito penal como el ámbito civil, y en todos los sitios ya se va por una especialización, con jueces y funcionarios y fiscales vinculados al ámbito civil y otros al ámbito penal. Pero aquí nos falta un juzgado para poder separar las jurisdicciones.

Con este panorama, ¿cómo se presenta este nuevo año judicial? 

Estamos todos a la expectativa de que haya luz en el ámbito de la política española, que haya unos representantes, un ministro o una ministra responsable del Ministerio de Justicia, y eso sin contar con el problema que hay del colapso del CGPJ, con la nula puesta de acuerdo entre los principales partidos políticos sobre su composición y sobre los nombramientos que hay que hacer. Estamos en un punto muy grave en ese sentido porque también se han colapsado todos los nombramientos: es difícil encontrar comisiones de servicio, etc. Y como digo, la litigiosidad aumenta y la renovación de la plantilla es muy necesaria.

Uno de cada tres magistrados en España, entre ellos yo, se va a jubilar en los próximos ocho años, y no hay ninguna previsión para que haya una sustitución en esos puestos, con lo que nos podemos encontrar con que de aquí a unos años el ámbito de los jueces va a ser absolutamente deficitario.

Y la justicia, si es lenta, es menos justicia... 

La justicia no puede ser muy rápida porque necesita el rigor que da también el transcurso del tiempo, porque todos son garantías. Pero si no es más rápida es porque no hay los recursos, sobre todo humanos, suficientes como para dar una respuesta real en el momento. Yo creo que una justicia, pasados varios años, aunque sea justa, no es justa, porque lo que necesitas es que te den la satisfacción lo antes posible. Hay que hacer ver a los ciudadanos que se hace lo mejor y lo más rápidamente posible. Por eso, te implicas en esa realidad, porque en la realidad tú tienes que dar mucho más que si fuera algo impersonal. Los equipos psicosociales, los equipos del forense, todos. Por ejemplo, en el caso de una separación, todo el tiempo que se alargue ese proceso puede ser muy doloroso, pero también para el que quiere cobrar, o el que quiere recuperar su casa, o el que quiere que se le juzgue cuanto antes por estar imputado, sobre todo si cree que es inocente.