Las alertas por «una escalada autoritaria», la detención de activistas de derechos humanos y el encarcelamiento de cientos de venezolanos, expulsados desde Estados Unidos y que no enfrentan procesos penales en El Salvador, marcan el primer año del segundo mandato consecutivo del presidente Nayib Bukele, entre acusaciones de ser inconstitucional.

El dirigente asumió el 1 de junio de 2024 una nueva etapa, prohibida por la Constitución, tras ganar a inicios de ese año unas elecciones también marcadas por denuncias de irregularidades por parte de la oposición.

Diversas organizaciones civiles advirtieron entonces que con la investidura del mandatario, que no fue cuestionada por ningún Gobierno, se consolidó la «irregularidad constitucional», que comenzó en mayo de 2021 cuando su partido destituyó en el Congreso a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema sin seguir el debido proceso.

Esta acción derivó meses después en que los nuevos magistrados, cercanos al oficialismo, habilitaran la reelección presidencial inmediata, una decisión señalada como contraria a la Carta Magna.

Bukele cumplió el pasado 1 de junio el primer año de esta segunda etapa. En su alegato a la nación, afirmó que la democracia, la transparencia, los derechos humanos y el Estado de derecho «son términos» que en la realidad se usan para mantener sometidas a las personas.

Celia Medrano, quien fue candidata a ocupar la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y excandidata a la Vicepresidencia salvadoreña, indicó que para que el controvertido dirigente haya asumido nuevamente la Presidencia «se han violentado principios constitucionales e irregularidades electorales, consumando una escalada autoritaria que seguirá profundizándose mientras no se concreten fuerzas sociales capaces de representar contrapesos».

Para Medrano, «no se trata entonces de un primer año de ejercicio del actual gobierno», sino que «supone un año de ausencia de una Presidencia legalmente constituida, alcanzada mediante el atropello de la ley».

Subrayó que ese atropello de la ley es «una de las principales características de estados autoritarios, dictatoriales y fascistas, palabras que definen bien lo que El Salvador vive actualmente».

Activistas

Los señalamientos de autoritarismo contra Bukele no son nuevos y comenzaron a tomar fuerza en febrero de 2020 cuando ingresó al Congreso, en ese momento de mayoría opositora, acompañado de militares armados con fusiles de asalto para presionar por la aprobación de un préstamo. Los más recientes se han dado tras la detención del abogado constitucional Enrique Anaya por «lavado de dinero» y con el arresto de al menos cuatro defensores de derechos humanos, entre ellos una reconocida abogada anticorrupción crítica del Gobierno, y el impulso de una Ley de Agentes Extranjeros.

«Estos no son hechos aislados, sino parte de una política sistemática que criminaliza y encarcela a opositores políticos, luchadores sociales, líderes comunitarios y organizaciones de la sociedad civil que alzan la voz para denunciar las violaciones de derechos humanos», apuntó en un comunicado el Grupo de Trabajo CLACSO Violencias en Centroamérica, integrado por organizaciones no gubernamentales.

Los detenidos son la jefa Anticorrupción de Cristosal, Ruth López; el portavoz de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), Fidel Zavala; el letrado ambientalista Alejandro Henríquez y el líder comunitario José Ángel Pérez.

La captura de los dos últimos se dio después de que un grupo de pobladores de una comunidad rural se concentraran, el pasado 12 de mayo, cerca de una lujosa zona residencial en la que habita Bukele para pedir ayuda por un desalojo de cientos de familias. Los activistas, que llegaron a ser trasladados a un centro penal cercano a San Salvador, fueron acusados de desórdenes públicos y resistencia, pese a que la concentración fue pacífica.

En respuesta a la protesta, el dirigente acusó a organizaciones no gubernamentales de «manipular» a los pobladores y envió a la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, la Ley de Agentes Extranjeros -ya aprobada- que impone un impuesto del 30 por ciento sobre las donaciones que reciben, y que además estipula multas y la disolución si no se cumple.