Los sindicatos SPL-CLM, FSEP-UGT y CSIF han mostrado su rechazo al nuevo Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Interno de la Policía Local de Alcázar de San Juan, aprobado en el pleno municipal del pasado mes de junio y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 30 de junio. La representación sindical considera que el proceso se ha llevado a cabo "sin negociación sindical y con imposición", vulnerando derechos fundamentales del personal funcionario.
Según el comunicado conjunto, el texto fue aprobado sin dar explicaciones públicas sobre su contenido, sin exponer informes técnicos y "con la única intervención de los grupos políticos para emitir su voto". Los sindicatos aseguran que la normativa fue impulsada sin informar ni consultar previamente con la Junta de Personal, órgano legalmente establecido para la defensa de los intereses de los empleados públicos.
"Este hecho no solo supone una infracción del procedimiento legal, sino que vulnera derechos fundamentales del colectivo afectado y quiebra la necesaria confianza institucional", afirma la Junta de Personal, que acordó por unanimidad el rechazo al reglamento en una reunión celebrada el 1 de julio.
Los sindicatos subrayan que el nuevo texto contradice el acuerdo laboral vigente de 2016, negociado y publicado en el BOP, y critican que "se olvida el proceso obligatorio de negociación sindical" que sí se cumplió en anteriores pactos. "La forma de proceder se aparta de los principios de legalidad, transparencia y buena fe que deben regir la actuación de cualquier administración pública", señalan.
Además, apuntan posibles irregularidades legales en la tramitación, como la omisión de trámites esenciales contemplados en el Estatuto Básico del Empleado Público o la posible invasión de competencias autonómicas en materia de coordinación de policías locales.
Por todo ello, la Junta de Personal exige la suspensión del procedimiento, la convocatoria urgente de la Mesa General de Negociación y una consulta a la Junta de Comunidades sobre la competencia legal para regular mediante este tipo de reglamento. "Reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia y la defensa de los derechos del personal funcionario", concluye el comunicado.