La decisión gubernamental de retirar la denominada 'Golden Visa' a los extranjeros con gran capacidad económica para adquirir propiedades valoradas en más de medio millón de euros ha coincidido en el tiempo con el debate en el Parlamento de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar la situación de más de medio millón de inmigrantes que llevan años en España y trabajan en condiciones de precariedad y opacidad. Es un buen momento para testar el índice de credibilidad que tienen los distintos partidos políticos, comenzando por los de Gobierno.
El fin de la medida activada por Mariano Rajoy para atraer grandes patrimonios a España ha sido proyectada por el Ejecutivo como un paso para facilitar el acceso a la vivienda a quienes son presa de un mercado tensionado, fundamentalmente jóvenes y personas con menos capacidad adquisitiva. Es obvio que esa demanda no va a cubrir la oferta de residencias de lujo, pero la pretensión es evitar un efecto inflacionista en el mercado del ladrillo. Puro humo, puesto que ambas realidades no son en modo alguno vasos comunicantes. Para defender el final de las 'Golden Visa' es mucho más efectivo acudir a la honestidad e invocar que el permiso de residencia es algo muy serio como para venderlo al mejor postor, demostrar que la mayoría de los beneficiados tienen una posición puramente especulativa y recordar que España ya es de forma natural un gran receptor de extranjeros con elevados índices de vida. Es decir, el Gobierno hace populismo con una medida que tiene una explicación racional que, compartida o no, tiene fácil defensa.
Es igualmente importante que la oposición, y de forma muy clara el Partido Popular, sepa mostrarse y demostrarse como un partido de gobierno alejado de pasiones y tácticas electorales para contener a su enemigo natural en las urnas, que es Vox. Se juega mucho Feijóo en el apoyo a la iniciativa para regularizar inmigrantes. España necesita a la inmigración. Es un hecho. El país no puede funcionar ni mantener su estado de bienestar sin la aportación de los cientos de miles de extranjeros que están sometidos al mercado negro. Es más, España va a necesitar integrar mucha más mano de obra a lo largo de la próxima década si no quiere colapsar tanto en su capacidad productiva como en la financiación de la sociedad del bienestar.
Por el momento, los populares han facilitado la tramitación parlamentaria de la ILP, algo que también ha hecho un partido abiertamente xenófobo como Junts. Es una decisión que muestra sentido social y estadista y que sirve para alinear el proyecto de Feijóo con el centro que necesita reconquistar si aspira a gobernar España más pronto que tarde.