El Gobierno ha repetido una y otra vez en las últimas semanas que no puede influir en el criterio de la Fiscalía, en lo que respecta a la causa abierta en el Tribunal Supremo sobre el procés. Sin embargo, la Abogacía del Estado podría ser la baza con la que cuenta el presidente Pedro Sánchez para consolidar el deshielo con los independentistas y obtener así su respaldo a los Presupuestos. Y es que, la acusación de la Abogacía del Estado en el juicio contra los políticos presos, al contrario que la Fiscalía, sí depende directamente del Ministerio de Justicia. 

Según han difundido varios medios, haciéndose eco de fuentes de la Moncloa, el departamento que dirige Dolores Delgado está ultimando su escrito, en el que estudia descartar la rebelión y acusar a los implicados únicamente por sedición, menos grave que rebelión. 

La sedición se regula en el artículo 544 y siguientes del Código Penal, y castiga con penas de hasta 15 años de cárcel a quienes «se alcen pública y tumultuariamente» para «impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes». Una versión más grave es la rebelión, reservada a quienes se levanten «violenta y públicamente» para, entre otros objetivos, «derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución» o «declarar la independencia de una parte del territorio nacional». En este segundo caso, las penas oscilan entre los 15 y 25 años de prisión, 30 en caso de alzamiento armado.