El Tribunal Supremo (TS) ha ordenado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública que se investiga en el 'caso Koldo', atribuyéndole delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, al considerar que ejercía un rol de cierta "preeminencia" en las supuestas corruptelas.

El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado instructor, Leopoldo Puente, considera que Cerdán "se encargaba de reclamar a las constructoras indebidamente favorecidas por las adjudicadas las cantidades adeudadas, las recaudaba y las hacia llegar después a los señores (José Luis) Ábalos y (Koldo) García".

"En este sentido, mantendría con éstos últimos una relación vertical, de cierta preeminencia, siendo el encargado en la organización de distribuir entre sus miembros los ilícitos frutos obtenidos con la posible comisión de los hechos delictivos que a todos ellos se atribuyen", dice.

Puente ha tomado esta decisión tras escuchar su declaración como imputado, que ha durado alrededor de una hora y en la que solo ha contestado a preguntas de su abogado, ni siquiera del propio magistrado ni del fiscal.

Declaración de Cerdán

Durante su declaración, el exdirigente socialista ha negado cualquier implicación en la adjudicación ilegal de obra pública, así como en el cobro de mordidas.

También ha aludido a los audios grabados por Koldo entre 2019 y 2023, en los que se asienta el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le implica en la presunta trama. Cerdán los ha cuestionado, señalando que están descontextualizados. Además, ha avanzado que presentará un informe pericial sobre los mismos.

Fuentes jurídicas indican que ha atribuido su irrupción en este caso a una supuesta cacería política para perseguir a gobiernos progresistas. En este sentido, ha sostenido que en su contra ha jugado haber negociado con PNV y EH Bildu la investidura de Pedro Sánchez, apuntando que cree que el siguiente va a ser el ministro de Justicia, Félix Bolaños, porque negoció con Junts.

El ex 'número tres' del PSOE ha llegado poco antes de las 10.00, la hora a la que estaba citado, en medio de una gran expectación mediática. Acompañado de su abogado, Benet Salellas, ha optado por no hacer declaraciones a la prensa.

El magistrado Leopoldo Puente, que ahora debe decidir sobre las medidas cautelares, le llamó a sede judicial tras recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le sitúa como epicentro de dichas corruptelas, junto al exministro de Transportes Ábalos y su ex asesor Koldo García.

El 'informe Cerdán'

La llegada de Cerdán al 'caso Koldo' tuvo lugar a raíz del informe elaborado por la UCO en base a unos audios grabados por Koldo entre 2029 y 2023 que reflejan conversaciones entre ellos y Ábalos, así como a partir de los mensajes de WhatsApp que se intercambiaron.

Según los agentes, la presunta trama nació en 2015 en Navarra --área de influencia de Cerdán y Koldo-- con éstos como protagonistas y creció a medida que tanto ellos como posteriormente Ábalos fueron ganando relevancia política.

Los investigadores reflejan que el rol de Cerdán en estas supuestas corruptelas fue cambiando. Así, ante el ascenso de Ábalos y Koldo al Ministerio de Transportes, habría menguado quedando como un gestor de "pagos", mientras que tras la caída de éstos habría vuelto a tomar los mandos, según la UCO.

La Guardia Civil sostiene que los contratos de obra pública que se investigan fueron adjudicados a las constructoras Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Solo las mordidas que habrían obtenido de Acciona ascenderían a 620.000 euros, aunque se les adeudarían 450.000 euros. "Voy a ir a por todo", aseguró Cerdán.

Dueño al 45% de Servinabar

Se espera que uno de los puntos clave del interrogatorio a Cerdán sea el contrato privado que la UCO halló el pasado 10 de junio en el registro efectuado en casa del empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola. El documento, aportado al Supremo, refleja que en 2016 --un año después de que se iniciara la presunta trama-- el ex dirigente socialista compró por 6.000 euros el 45% de Servinabar.

El informe del UCO refleja que esta empresa, en la que Alonso Egurrola figura como administrador único, recibió más de 75 millones de euros en adjudicaciones de obra pública realizadas por el Gobierno navarro que están bajo la lupa del Supremo.

Fuentes de la defensa de Cerdán cuestionaron la validez de dicho documento, al reducirlo a "un mero contrato privado que no se llegó a elevar a público" y, por tanto, "no tuvo ni ha tenido efecto jurídico alguno".

Sin embargo, el Consejo General del Notariado ha explicado que los contratos privados no elevados a escritura pública, como sería el caso, surten efectos entre los firmantes, aunque no ante terceros, al tiempo que ha advertido de que suelen buscar la ocultación del verdadero propietario.

Más involucrados

El magistrado del Tribunal Supremo sostiene que "más personas, físicas o jurídicas", además de éste primero, el exministro José Luis Ábalos, o su exasesor Koldo García "pudieran haberse lucrado con las tan mencionadas adjudicaciones" de obra pública.

Así se recoge en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, por el que el magistrado Leopoldo Puente ha acordado prisión provisional y sin fianza para Cerdán, a quien considera como el encargado de pedir a "las constructoras indebidamente favorecidas por las adjudicadas las cantidades adeudadas" y luego repartirlas entre la trama.

El instructor afirma que "el botín indiciariamente obtenido por o comprometido para Ábalos y García (en el entorno de un millón de euros) representa un porcentaje insólitamente mínimo en el marco de esta clase de operaciones delictivas".

"En efecto, si el importe del premio económico por la indebida adjudicación de las obras hubiera constituido, por hipótesis, un uno por ciento del valor de las adjudicaciones --porcentaje aún muy contenido en términos comparativos con otras operaciones semejantes-- dicho premio equivaldría a una cantidad superior a los cinco millones de euros, varias veces mayor que la parte que indiciariamente correspondía a Ábalos y García", destaca.

Para el instructor, "ello refuerza así, siempre en los términos indiciarios tantas veces señalados, la idea de que más personas, físicas o jurídicas, además de Ábalos, García y Cerdán, pudieran haberse lucrado con las tan mencionadas adjudicaciones". "Eventualidad que, desde luego, no puede ser descartada en este momento", advierte.