La inflación sigue encareciendo el precio de la vida de los ciudadrealeños, los alquileres suben y se disparan las hipotecas pero, aunque cueste entenderlo, la ejecución de los desahucios ha bajado en picado. Lo afirma el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un reciente informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales, donde cifra en un 32,7% el descenso de lanzamientos (término jurídico que se refiere al momento en que el propietario recupera la posesión del inmueble tras el desalojo del inquilino) practicados en España en el segundo trimestre de este año con respecto al mismo periodo del año 2022. Un dato que puede resultar una paradoja, ya que resulta innegable que el poder adquisitivo de la gran mayoría de las familias se ha visto reducido de manera importante en los últimos meses.
En la provincia de Ciudad Real ese descenso de desahucios también se ha hecho patente, según los datos del CGPJ. En el primer semestre del año los órganos judiciales recibieron la solicitud de 72 lanzamientos, cuando en el mismo periodo del año pasado se registraban 196, más del doble, mientras que sólo se ordenó la ejecución de 47, por 70 entre enero y junio de 2022 (un descenso del 35%).
Atendiendo a las causas por las que se producen estos desahucios, por impago de la hipoteca se practicaron nueve lanzamientos en el primer semestre de 2023, seis menos en la comparación interanual; mientras que por deudas en el abono del alquiler se ejecutaron 29, por 45 el año anterior.
¿Cómo es posible que en lo que va de año se hayan ordenado menos desahucios por impago cuando la hucha de las familias está menos llena que antes de la crisis inflacionista? La explicación la argumenta desde el bufete Indo Iuris Juan Carlos Rodríguez, que pone la atención en la diferencia que existe entre el inicio del procedimiento y la ejecución final del lanzamiento.
Los motivos. Es cierto que se han visto reducidos de un modo muy sensible, pero por dos aspectos: la extensión hasta el 31 de diciembre de 2023 de la moratoria de la suspensión de los desahucios y lanzamientos de hogares con familias en situación de vulnerabilidad económica o social decretado a raíz del COVID-19; y los nuevos requisitos procedimentales para desahuciar introducidos por la Ley 12/2023 de 24 de mayo de Derecho a la Vivienda, por la cual el arrendador que demanda debe acreditar que el inmueble objeto de desahucio es la vivienda habitual del ocupante, que no es gran tenedor de viviendas (titular de más de diez inmuebles urbanos), y si lo es debe acreditarlo con una certificación del Registro de la Propiedad y, además, acreditar que su inquilino no está en situación de vulnerabilidad económica.
Para Juan Carlos Rodríguez, este último requisito es «una prueba diabólica de imposible cumplimiento», ya que para poder acreditar que su inquilino no está en esa situación de vulnerabilidad el propietario debe aportar un documento acreditativo, de vigencia no superior a tres meses, emitido previo consentimiento de la persona ocupante. Además, en el caso de que el propietario sea gran tenedor y la familia a desahuciar esté en situación de vulnerabilidad, la demanda no se admite a trámite hasta que el titular del inmueble no se someta a un procedimiento de conciliación o intermediación que establezcan las administraciones públicas competentes, que en el caso de Castilla-La Mancha es una herramienta aún por concretar.
En resumen, que no es que haya menos situaciones susceptibles de desahucio, lo que sería deseable, sino que la tramitación de las solicitudes es más lenta, con más obstáculos burocráticos tras esa actualización de la Ley de mayo de 2023, y con expedientes bloqueados por esa moratoria prohibitiva hasta el 31 de diciembre por la pandemia. ¿Qué pasará entonces en 2024? El abogado de Indo Iuris no tiene dudas: «Habrá un incremento exponencial de los desahucios».