A punto de cumplirse 25 años del asesinato de su madre, Ana Orantes, que fue quemada viva por su exmarido tras hacer público en televisión cuatro décadas de maltrato, Raquel Orantes, una de sus hijas, percibe un retroceso y un recorte de derechos pese a los logros alcanzados, y llama a los jueces a aplicar la ley sin dejarse llevar por «cuestiones ideológicas».
El horrible asesinato de esta mujer, el 17 de diciembre de 1997, fue el detonante para la aprobación, ocho años después, de la primera ley integral contra la violencia de género. Raquel cree que aunque este crimen marcó «un antes y un después» y supuso un importante avance en la materia, el hecho de que desde entonces se hayan añadido un millar de víctimas más en España evidencia que «algo sigue fallando».
«No podemos permitir como sociedad que esas mujeres, una vez que se separan con una orden de alejamiento, sean asesinadas. Los jueces no pueden cargar sobre sus conciencias con más muertes», señala ella, cuya infancia y la de sus hermanos estuvo marcada por la violencia ejercida por su padre y el martirio sufrido por su progenitora hasta el punto de que no ha sido hasta hoy, con 46 años, cuando ha empezado «a vivir y a disfrutar».
Con la figura de su madre «más viva que nunca», cree que, pese a la ley, el sistema sigue dejando desprotegidas a las víctimas. Entiende que los magistrados deben interpretar la ley sin dejarse llevar por «cuestiones ideológicas o religiosas» pero advierte que «estamos inmersos en una vuelta atrás» porque hay quien niega la violencia hacia la mujer «por el mero hecho de serlo», después de todos los años que ha costado llegar a este punto.
«Hay que avanzar mucho más», sostiene, porque todavía se sigue cuestionando a las mujeres por «aguantar» sin que se tengan en cuenta sus circunstancias, y a los hijos de las víctimas «por no haberlas sacado de ese entorno», algo por lo que, asegura, también han sido señalados ella y sus hermanos.
Sobre la rebaja de condenas que está conllevando la aplicación de la ley del solo sí es sí, Raquel Orantes afirma sentirse «indignada» y con ganas de echarse «a la calle y volver a gritar».
Considera que es una cuestión de «interpretación de leyes», apela por «escuchar a las víctimas» y entiende que los jueces deberían hacer justo lo contrario de lo que está ocurriendo: endurecer las penas y procurar su cumplimiento íntegro, e incluso aplicar la prisión permanente revisable en los casos de asesinato a mujeres.
Convencida de que la «valentía» de su madre al hacer público su testimonio ha servido con el paso de los años para aumentar las denuncias contra el maltrato por parte de las agraviadas y de su entorno, está segura de que la base de todo radica en la educación en valores, la igualdad y la libertad.
El drama vivido por Ana Orantes encendió la llama de la reforma del Código Penal en materia de violencia machista. La atrocidad de aquel crimen removió la conciencia social y política de España sobre el problema del maltrato y allanó el camino para la puesta en marcha de una serie de reformas legislativas, judiciales y asistenciales que acometieron gobiernos sucesivos.
Orantes denunció en un programa de la televisión pública andaluza los apaleamientos y humillaciones a las que fue sometida durante cuarenta años por su exmarido, que trece días después de ofrecer ese testimonio, el 17 de diciembre de 1997, la mató quemándola viva en la casa de Cúllar Vega (Granada) que, por decisión de un juez de paz, compartían tras separarse.
Tenía 60 años cuando fue asesinada. Se casó a los 19 con su verdugo y padre de sus 11 hijos (tres de ellos murieron), y fue a los tres meses de casada cuando recibió la primera paliza: «Creí que me había roto la cara de la que me dio», relató.
Aislada de su familia -visitaba a su madre a escondidas- y a base de vejaciones, amenazas y golpes transcurrió la vida de esta mujer, cuyo único respiro eran las ausencias de su agresor por trabajo, periodos en los que ella y sus hijos aprovechaban para retomar la vida.
Sin saber adónde ir, sin formación y con ocho niños a su cargo aguantó 40 años de maltrato y afrentas, de los que intentó liberarse con denuncias que nunca sirvieron para zanjar su calvario. Su estremecedor testimonio cobró especial valor en una época en la que la violencia solía quedar en la esfera privada y en la que las leyes no prestaban protección a las víctimas.
Hoy, 25 años después, calles con su nombre repartidas por España, una Escuela de Formación en Igualdad y otras iniciativas educativas vinculadas a su historia, rinden tributo a su memoria.