El sindicato UGT ha cuestionado la forma en la que el Gobierno regional ha gestionado la pandemia en las residencias de mayores, ya que ha habido una «ausencia absoluta» de protocolos, porque aunque el 20 de marzo anunció que iba a haber un reglamento específico éste todavía no ha sido publicado y también una falta de Equipos de Protección Individual (EPI), mientras que tampoco se han hecho test serológicos a todo el personal, como se había anunciado.
Así lo manifestaron el secretario del sector Autonómico y Sociosanitario de FeSP UGT, Luis Manuel Monforte, la secretaria regional de FeSP UGT y miembro de la Gestora regional del sindicato, Carmen Campoy, la secretaria confederal de UGT, Adela Carrió, y la secretaria Federal de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT, Gracia Álvarez.
Monforte pidió, además, la convocatoria de una mesa de diálogo para evaluar el sistema de residencias de mayores de Castilla-La Mancha, en la que estén sindicatos, las patronales del sector y la Administración, con el fin de analizar lo que ha ocurrido con la pandemia y los cambios que son necesario acometer a corto plazo, antes de que se produzcan rebrotes.
Esta mesa debe de constituirse «no solo porque la Fiscalía ponga el foco en ciertos centros, sino porque queremos que se inspecciones todos y cada uno de los centros de Castilla-La Mancha en los que ha habido fallecidos», afirmó Monforte, que recordó que ha habido 2.600 muertos por coronavirus en centros de mayores de la región, que suponen el 83 por ciento de los decesos por Covid-19 que ha habido en la comunidad autónoma.
PIDEN REVISAR EL ACUERDO MARCO DE COSPEDAL. En este sentido, abogó por la necesidad de que se analice el acuerdo marco que regula la concertación de plazas en las residencias de mayores de Castilla-La Mancha por parte de la Junta de Comunidades, porque se ha evidenciado que hace falta retocarlo porque se necesita más dinero.
Monforte recordó que este acuerdo marco se formalizó en la época del Gobierno de María Dolores Cospedal, y fue criticado porque estableció un modelo que «mercantiliza» el servicio, ya que «evalúa el precio pero sin entrar al detalle de la calidad del servicio que se presta con ese dinero».
Sin embargo, «cinco años después nos encontramos por sorpresa que ese acuerdo marco se prorroga un año de forma unilateral por parte del Gobierno regional», sin contar con los sindicatos, y probablemente tampoco con las patronales, que ya antes de la crisis del coronavirus advertían de la imposibilidad de prestar unos cuidados de calidad con el precio que paga la Junta por plaza con arreglo al acuerdo marco.