Los sucesos en Torre Pacheco han espoleado aún más el discurso y el debate migratorio iniciado por Vox hace unas semanas sobre cómo afrontar la llegada de personas de otros países a la Unión Europea, sobre todo aquellos que se refieren a los irregulares. El partido de Abascal, en consonancia con otras formaciones europeas de extrema derecha que han explotado esta veta para mejorar sus resultados electorales, ha endurecido sus posiciones y reclamado las deportaciones masivas de inmigrantes irregulares, asociándolos con la inseguridad ciudadana. El binomio inmigrante-delincuente, con el que una y otra vez copan las declaraciones, es una clara muestra de xenofobia que debe ser atajada con rotundidad y sin ambages.
Porque esta perorata machacona no solo toca la esfera de la legalidad o la indocumentación. Poco a poco, se lanzan mensajes para «evitar el reemplazo», activar la «remigración masiva» o la «expulsión» de millones de inmigrantes, en un intento de sobrepasar la línea que ni siquiera la plataforma de la ultraderecha europea o partidos como Alternativa para Alemania han querido cruzar. Esta olla a presión no solo afecta a casos esporádicos, como el de la localidad murciana, sino que cala en una sociedad cada vez más cerrada, proteccionista y atemorizada por la presencia del extranjero. Existen señales preocupantes por estos picos xenófobos que, a pesar de no ser nuevos, sí están experimentando un crecimiento intenso en Occidente, con gobiernos alineados a estas tesis.
En el caso de España, el Partido Popular acumula todas las miradas. Se le exige, como formación que aspira a gobernar, una propuesta clara en este asunto. Desde la izquierda se le pide contundencia para alejarse de posiciones extremistas. Alberto Núñez Feijóo, para despejar cualquier duda, ayer fue contundente y abogó por una deportación «inmediata» de todo inmigrante irregular, con el único matiz de la condena de la violencia y el cumplimiento de las leyes, conocedor de que una alineación más lejana a esos postulados puede comprometer futuras alianzas, y lo más importante, desencantar a una parte de sus seguidores, ahora que el PP intenta navegar en unas aguas nada cómodas para ampliar su espectro electoral.
Por otro lado, este debate sí le insufla más oxígeno al tortuoso Gobierno de Pedro Sánchez, que desde Mauritania defiende una migración segura y ordenada, y aparta los focos de la corrupción y de la última propuesta de financiación singular para Cataluña. La clave radica en si el discurso pasa del «inmigrante irregular» al cultural y las costumbres españolas. Porque, en ese caso, España entraría en esa dinámica peligrosa de levantar muros ante un fenómeno que, guste o no, debe ser encauzado desde la exigencia de la legalidad, la necesidad económica, y, sobre todo, desde el respeto y los derechos humanos.