La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT pidió a las organizaciones empresariales agrarias la puesta en marcha de un convenio colectivo estatal del sector agrario que mejore y homogeneicen las condiciones laborales de los jornaleros de todo el país, para así acabar con el «dumping social» existente. Así lo puso de manifiesto este miércoles el secretario general de FICA UGT a nivel estatal, Mariano Hoya, durante la clausura de las jornadas que organizó ayer el sindicato en Ciudad Real para hablar de los diferentes retos que tienen por delante los trabajadores del sector agroalimentario.

Hoya remarcó la necesidad de «sentarse a negociar» con las organizaciones empresariales agrarias para poner en marcha un convenio estatal agrario. «Es el momento de sentarnos y conformar un escenario de diálogo social como el que existe en otros grandes sectores estratégicos de nuestro país», destacó el secretario general de FICA UGT.

Un convenio que permitiría, entre otras cosas, «garantizar el relevo generacional tan necesario que necesita el campo», añadió Hoya, quien lamentó que, actualmente, la edad media de los agricultores se sitúe en 61 años y que, en menos de 10 años, el 60% de los trabajadores agrarios se habrán jubilado. En este sentido, Hoya reclamó «unas mejores condiciones» para atraer a esos trabajadores jóvenes que necesita el campo.

«Todos los años vemos como más de 15.000 españoles se van a vendimiar a Francia, mientras en España nos quejamos de que hace falta mano de obra», mencionó el responsable de FICA UGT, achacándolo a «las buenas condiciones» que se ofrecen a los jornaleros en Francia.

«un acuerdo necesario». En la jornada convocada por UGT participó el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, que animó a las organizaciones sindicales y a la patronal del campo a lograr un acuerdo que calificó de «necesario» en el sector agroalimentario «con el objetivo de que todos los eslabones que participan en la cadena obtengan una rentabilidad justa».

«Es fundamental que haya una política de libros abiertos entre agricultores y jornaleros del campo para conocer cuál es la realidad de las explotaciones y cuál es su rentabilidad real para que los beneficios se puedan distribuir de manera justa», remarcó, reafirmando la necesidad de lograr un convenio.

Caballero expresó el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con el sector agroalimentario, «que se materializa en los próximos presupuestos regionales para 2024 en los que los fondos destinados a la agricultura y la ganadería, con 1.375 millones de euros».