La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) vuelve a reclamar al Ministerio de Justicia que presente una propuesta económica y un compromiso sobre el contenido de la ley de eficiencia organizativa (LOEO) que permita avanzar en una salida negociada al conflicto, que hoy alcanza su primera jornada de huelga general indefinida, la cual cuenta con un seguimiento superior al 85% en Castilla-La Mancha.
Con más de 500.000 juicios suspendidos y más de 30 millones de actuaciones judiciales paralizadas, millones de ciudadanos y ciudadanas ven que sus asuntos en los Juzgados van a sufrir más demoras y aplazamientos por la huelga indefinida ?convocada por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT? mientras el Ministerio de Justicia sigue sin convocar una reunión ni presentar una propuesta al Comité de Huelga que permita desbloquear la situación.
Desde el pasado 24 de abril el Ministerio de Justicia no ha convocado al Comité de Huelga ni ha presentado ninguna propuesta económica para solución del conflicto y sigue haciendo oídos sordos a las movilizaciones y jornadas de huelga que hemos realizado con paros parciales de tres horas, inicialmente del 17 al 25 de abril y con jornadas completas de huelga los días 19 de abril y 4, 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de mayo.
Durante esta semana se van a seguir desarrollando concentraciones en toda España que tendrán como punto culminante la gran manifestación convocada para el próximo 25 de mayo en Madrid.
CSIF entiende que el Ministerio de Hacienda no puede mirar para otro lado después de haber autorizado subidas lineales por un importe global de cerca de 70 millones de euros en las nóminas de Letrados de la Administración de Justicia, Jueces y Fiscales dentro del proceso de modernización que impulsa el Ministerio con sus leyes de eficiencia que, por otro lado, también afectan, y mucho, al resto del personal de Justicia.
La semana arranca con una huelga indefinida de cinco días con un seguimiento sostenido de más de un 85% de las plantillas, lo que ha provocado la suspensión de centenares de miles de juicios y otras actuaciones procesales llevando a la Administración de Justicia a un colapso absoluto cuyos únicos responsables son los ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública, que siguen dando un trato discriminatorio y clasista al 93% del personal que constituye los cuerpos generales y especiales.