La semana pasada el presidente de las Cortes regionales llevó el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha al Congreso de los Diputados y se lo entregó en mano a Francina Armengol. Entonces Pablo Bellido señalaba que esperaba que el clima crispado de la política en Madrid no afectase a esta tramitación. Pero en una semana que ha transcurrido ese clima de crispación no es el único obstáculo al que se enfrenta el Estatuto. 

La Mesa del Congreso ha hecho los deberes y ha admitido a trámite la reforma de la 'carta magna' regional. Así lo acordó el máximo órgano que rige el Congreso y como tal se ha publicado hoy en el Boletín de esta cámara parlamentaria, junto con todo el texto de la norma estatutaria, tal y como salió de las Cortes de Castilla-La Mancha. Además de ser calificado, la Mesa acepta en cumplimiento con el reglamento que la propuesta castellanomanchega la presente una delegación de las Cortes regionales. 

El calendario del Congreso de los Diputados hace que sea difícil que se de el siguiente paso del trámite antes de las vacaciones. Sería el debate de la toma en consideración, en el que hace falta que la mayoría de sus señorías acepten que el Estatuto se tramite en las Cortes generales. Luego se abriría un plazo para presentación de enmiendas y se debatiría primero en comisión antes de volver al pleno para su aprobación definitiva. En la anterior intentona de reforma del Estatuto, la que se hizo con Barreda, el proceso se atascó precisamente en esa comisión por las reivindicaciones que tenía Castilla-La Mancha en materia de agua, pidiendo incluso una fecha de cierre del Tajo-Segura. 

Ahora el texto del Estatuto no tiene tantos puntos controvertidos con otras regiones. Recoge, eso sí, aspectos como la lucha contra la violencia de género, la obligación de revertir la despoblación, los caudales ecológicos en los ríos, la exigencia de una financiación justa que tenga en cuenta la dispersión geográfica, amplía el catálogo de derechos de los ciudadanos y blinda nuevos órganos autonómicos como la Cámara de Cuentas, el Consejo de Diálogo Social o el de Transparencia.

La mayor dificultad para sacar adelante el Estatuto en Castilla-La Mancha fue el aumento de la horquilla de los diputados, que pasa de un tope de 35 a 55, aunque no entrará en vigor hasta pasadas las próximas elecciones. 

Sin embargo, una vez aterrizado en Madrid el escándalo sobre Santos Cerdán ha añadido otro factor que puede afectar a la tramitación del Estatuto: el futuro de la legislatura. Con la aritmética actual del Congreso no debería haber problemas para que saliera el Estatuto, pues habría que contar con que PSOE y PP repitieran el acuerdo alcanzado en Castilla-La Mancha. Si la legislatura se acaba antes de tiempo, no solo la tramitación del Estatuto se podría ver interrumpida, sino que podría haber cambios en los equilibrios parlamentarios. Vox lo rechaza, algo que por ahora no afecta mucho, pues es la tercera fuerza del parlamento y su peso se circunscribe a la oposición, pero ¿qué pasaría si ganase influencia?