El acceso a la vivienda, especialmente complicado para los jóvenes por el elevado precio del alquiler y las dificultades para obtener un préstamo hipotecario, es uno de los principales problemas del país. Y mientras las administraciones y los partidos debaten en plena campaña electoral cómo solucionarlo -lo que incluye la aprobación de la primera Ley de Vivienda de la democracia española-, muchas personas se ven obligadas a seguir buscando la manera de acceder a una vivienda digna.
Manuel, de 31 años, pagaba 800 euros al mes por un piso de tres habitaciones en Sardañola del Vallés, a 18 kilómetros de la capital catalana, pero los arrendatarios le comunicaron que cuando terminara su contrato le subirían el precio. «Tuve que dejar el piso, así que busqué en Barcelona, pero eran todos carísimos. En los pueblos de alrededor también me resultó imposible encontrar algo, porque apenas había y los que estaban disponibles tenían precios desorbitados», asegura.
En la Ciudad Condal solo encontraba por menos de 1.000 euros bajos sin ventana o inmuebles similares. En los pueblos vio algunos con dos o tres habitaciones, pero rondaban los 1.200 euros, por lo que le resultaría inviable ahorrar, así que decidió mudarse a casa de sus padres. De hecho, según la Secretaría de Vivienda de la Generalitat, el coste medio del alquiler se situó en 1.077 euros en Barcelona en el último trimestre de 2022.
Juan, de 45 años, alquiló en 2005 una casa en uno de los barrios más turísticos de Granada, el Albaicín. Los problemas comenzaron hace cinco años, cuando los propietarios le comunicaron que no le renovarían el contrato porque querían alquilar el inmueble como piso turístico. «Me dijeron que me fuera de la casa pero, al llevar tantos años, la ley contemplaba que me tenían que renovar el contrato. No me fui y empezaron a presionarme, me enviaron un burofax, después me denunciaron, me llamaban okupa... pero no lo era porque, evidentemente, pagaba el alquiler y las facturas», relata.
Cuenta que cada vez esta situación es más habitual. «Hay gente que las alquila a los turistas incluso sin licencia, porque hay mucha demanda», comenta Juan, que en marzo dejó la casa tras llegar a un acuerdo con los propietarios.
Luisa Heredia recibe un ingreso mínimo vital de 870 euros para ella y sus cuatro hijos. Uno de ellos tiene espina bífida, una enfermedad que afecta a la columna vertebral y puede provocar discapacidades físicas e intelectuales. Desde hace años, ocupa una casa de Málaga y el 7 de marzo intentaron desahuciarla. Ha logrado paralizar el proceso varias veces y en abril empezó una huelga de hambre de 10 días para pedir una vivienda digna, pero la atención de las instituciones es «prácticamente nula».
Vivir en un local
El arquitecto David Cárdenas y su mujer compraron en 2017 una tienda de bicis en el barrio madrileño de Chamberí. Según comenta, la normativa obligaba a presentar un proyecto en el Ayuntamiento con el plano de la futura vivienda y, meses después, un técnico del consistorio visitaba el local para asegurarse de que cumplía los requisitos. Si era así, le concedía la cédula de habitabilidad.
Sin embargo, ahora se firma una declaración responsable, en la que el autor del proyecto certifica que se cumplen las condiciones, pero ninguna autoridad se asegura de ello. «No me parece una coincidencia que cuando llegamos al barrio en 2017 hubiera unas cinco viviendas de estas características y ahora se hayan triplicado», destaca, y concluye que no cree que sean espacios habitables «excelentes».