No es lo habitual que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, convoque a los medios para una reunión con su consejero de Hacienda. Lo ha hecho hoy porque tocaba perfilar una carta muy importante que va a enviar a Pedro Sánchez y de cuyo futuro podrían depender 280 millones al año para la Junta.
El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, explicó que las comunidades autónomas llevan ya años soportando que el Gobierno de España tome medidas que las acaba afectando en sus finanzas y que no adopte forma de compensarlo. Por un lado están las decisiones que toma el Consejo de Ministros para reducir determinados impuestos a la población, que son tributos cuya recaudación se comparte con las comunidades autónomas. Por ejemplo, las rebajas en el impuesto de electricidad o de algunos tipos impositivos del IVA de productos básicos ha hecho que Castilla-La Mancha perciba 190 millones de euros menos al año. Para el conjunto de comunidades autónomas esa merma supera los 4.300 millones.
Por otro lado, están las medidas que aprueba el Gobierno y que les toca a las comunidades aplicar y costear. Ruiz Molina puso el ejemplo de modificaciones en el sistema de Dependencia o de contratación de más personal en las residencias de mayores que se han traducido en importantes costes anuales. En la Dependencia está en torno a los 5 o 6 millones cada ejercicio y en el caso de los centros de mayores podrían ser unos 46 millones en 2024, pero podrían ascender a los 100 millones en 2030. También tiene su repercusión la nueva Ley de Universidades, con un coste estimado de 18 millones al año para Castilla-La Mancha. Todos estos gastos adicionales que vienen obligados por Moncloa suponen a Castilla-La Mancha 90 millones.
Sumando las reducciones de recaudación con las adiciones de gastos, Castilla-La Mancha se enfrente a una merma de 280 millones al año. "Esta cifra es desde luego escandalosa", sentenció Ruiz Molina. Además le suma que Castilla-La Mancha es una de las comunidades peor tratadas por el sistema de financiación autonómica.
"He dado unas cifras que son extravagantes", insiste el consejero, que apunta que desde el Gobierno regional están "preocupados por un comportamiento que se ha dado por todos los Gobiernos y que repercute en las finanzas de las comunidades autónomas". Y es que recordó que con Rajoy se subieron algunos impuestos, pero luego eso no se tradujo en un incremento de ingresos para las regiones.
De ahí que hayan decidido tomar cartas en el asunto. En concreto, una carta que han enviado al presidente de España para solicitar que en la próxima Conferencia de Presidentes se aborde este tema. Además Castilla-La Mancha da parte del trabajo hecho, con un borrador de acuerdo que también le enviará a Pedro Sánchez y al resto de las comunidades autónomas para que hagan las observaciones oportunas. "Es un compromiso de Estado que habrá que incorporar si alguna vez conseguimos negociar un modelo de financiación autonómica", añade.
El argumento que esgrime Castilla-La Mancha en estas misivas es el siguiente. "Se trata de compensar al 100% aquellos mayores gastos que suponen decisiones que adopta el Estado en materia de mayores gastos o compensar las que toma en el ámbito de su política económica, que repercuten en la prestación de servicios públicos que realizamos desde las comunidades autónomas", resumió Ruiz Molina. El consejero avisa de que se está poniendo en riesgo la prestación de servicios como la Sanidad, la Educación o el mantenimiento de las infraestructuras de competencia autonómica.