Los nigerianos acusados defienden la legalidad de sus negocios

Manuel Espadas
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La Audiencia Provincial juzga a cinco personas acusadas de delitos de estafa, falsedad de documento mercantil y blanqueo de capitales, con una empresa de Argamasilla de Calatrava como principal damnificado

Los nigerianos acusados defienden la legalidad de sus negocios - Foto: Rueda Villaverde

La Audiencia Provincial juzga desde este martes a cinco ciudadanos nigerianos acusados de delitos de estafa, falsedad de documento mercantil y blanqueo de capitales, que se habrían producido entre los años 2013 y 2017 y con Manufacturas Muela SA como principal afectada, una conocida empresa de fabricación de navajas y cuchillos artesanos ubicada en Argamasilla de Calatrava. Es el segundo capítulo en el que los implicados se sientan en el banquillo tras el acuerdo al que llegaron hace casi un año seis personas más, denominadas en el argot policial como 'mulas económicas', que pactaron penas mínimas reconociendo los hechos.

A diferencia de entonces, los cinco acusados que han declarado esta mañana (uno de ellos por videoconferencia), que se enfrentan a penas de entre un año y medio y dos años de cárcel, se han declarado inocentes y han negado haber participado en esta estafa a gran escala, asegurando que sus respectivos negocios eran totalmente legales. Sin embargo, según la fiscal, María Arévalo, todos ellos formaban parte de un grupo organizado que se dedicó durante esos años a contactar de manera fraudulenta con los clientes de Manufacturas Muela para solicitarles el abono de las operaciones comerciales que habían mantenido con ella, a números de cuenta distintos a los de la empresa de Argamasilla. Cuentas bancarias que habrían creado las denominadas 'mulas económicas' para recibir ahí esas cantidades, para inmediatamente extraer el dinero en cajeros automáticos en varios puntos del país y repartirlos a los cabecillas, quedándose ellos con una comisión.

Así lo habrían hecho con varios clientes de Manufacturas Muela repartidos por Estados Unidos, Perú, Bosnia y Dubai, a los que enviaban correos electrónicos con una dirección muy parecida a la real, suplantando su identidad con el método del 'phishing' con direcciones IP ubicadas en Nigeria y de personas no identificadas. La denuncia de la empresa ciudadrealeña puso en funcionamiento una investigación por parte del Juzgado Número 1 de Puertollano que destapó extracciones bancarias en cajeros por un valor superior a los dos millones de euros.

Los nigerianos acusados defienden la legalidad de sus negociosLos nigerianos acusados defienden la legalidad de sus negocios - Foto: Rueda Villaverde

El primero en declarar, asistido por un intérprete y por videoconferencia, ha sido Benson L. J., un ciudadano nigeriano residente en Vitoria y profesor de inglés. Él ha sido el único de los cinco encausados que ha aceptado someterse a las preguntas de la fiscal. Su abogado, Basilio Aranda, garantiza que su cliente es víctima de un error policial a la hora de identificar la fotografía de la persona que habría abierto una cuenta bancaria con un NIE falso con su imagen, con la que tendría "rasgos coincidentes, pero nada más".

 

Derecho a no responder a la Fiscalía

Los otros cuatro acusados, que sí han estado presentes en la sala, se han acogido a su derecho a no responder a las preguntas de la Fiscalía, por lo que sólo han contestado a las formuladas por sus letrados. Los cuatro, Samuel, E. C., Keneth O. O., Christian M. y Okechukwu O., han asegurado que sus respectivos negocios son totalmente legales. El de dos de ellos están vinculados con la exportación de cerámicas y azulejos, mientras que un tercero regenta una agencia de viajes especializada en destinos africanos. Sin embargo, la fiscal, María Arévalo, sostiene que todos ellos son el "último escalón" de un complicado entramado para estafar y blanquear dinero, con miembros más importantes de la organización, muchos de ellos ya condenados. Manufacturas Muela fue la primera empresa estafada en denunciar y la investigación llegó a abarcar hasta a más de un centenar de personas, aunque finalmente se centraba en las residentes en España. Después reclamar de manera fraudulenta los pagos a sus clientes, las 'mulas económicas' sacaban ese dinero de manera inmediata y lo repartían, con nuevas transferencias bancarias o en metálico, siempre pequeñas cantidades para no levantar sospechas, hasta que finalmente ese dinero era blanqueado en los negocios de los acusados, según el escrito de la fiscal, de manera "imprudente". 

Este miércoles declararán los agentes de la Guardia Civil que participaron en la investigación y un representante de la propia empresa Manufacturas Muela.