Ha querido marcar el presidente Pere Aragonès el ritmo de la precampaña electoral catalana, con el Parlamento autonómico ya disuelto, presentando una propuesta de referéndum de independencia en Cataluña pactado con el Gobierno de la nación. Esta propuesta descabellada, aunque se ha querido vender de la forma más amable posible, utiliza esa argumentación demagógica que la sociedad independentista puede articular como propia para seguir haciendo frente al Estado de Derecho.
Relevante es el hecho de que a la sociedad española no le haya extrañado esta propuesta de Aragonès, que llega con el único fin de impulsar la marca de ERC de cara a las elecciones catalanas, dado que las encuestas no sitúan a los republicanos en el mejor de los escenarios previsibles. Los vaivenes que ha dado el Gobierno de Pedro Sánchez y las concesiones a los independentistas catalanes con el objetivo último de mantenerse en la Moncloa, hacían prever esta situación, hasta el punto de que Aragonès ya ha rebatido los argumentos del Gobierno afirmando que «Lo que hoy es un no, mañana será un sí».
El referéndum planteado es inconstitucional a todas luces, porque por mucho que se trate de justificar que hay un artículo en la Carta Magna que avala la celebración de estas consultas, pasa por encima de preceptos fundamentales como que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» o que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».
Lo más preocupante de la situación es la falta de credibilidad que ha adquirido el Gobierno, pues sus líneas rojas, que también las ha marcado en esta ocasión, se saltan a la ligera de modo que lo que hoy se rechaza de forma manifiesta, mañana se admite con absoluta naturalidad. Si echamos la vista atrás podemos recordar como en agosto del año pasado, en plena tormenta negociadora por la Moncloa, el 90 por ciento de la ciudadanía, según alguna encuesta publicada en los medios de comunicación, rechazaban la dependencia del Gobierno del país de los intereses independentistas catalanes.
Medio año más tarde, el nivel de sometimiento ha alcanzado cotas que antes no se podían imaginar y ahora esta propuesta, que habrá que confiar no llegue a buen puerto, se empieza a mascar, y tendrá seguro protagonismo en la campaña catalana, alimentando argumentos, y con la convulsión de la amnistía aún a flor de piel.