La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) muestra su preocupación por los problemas y necesidades existentes en los Juzgados de Violencia de Género de la provincia de Ciudad Real, así como los que está ocasionando el proyecto del Gobierno de "comarcalización" de dichos juzgados en la atención a las mujeres víctimas.
Tras la aprobación del RD 954/2022 de 15 de noviembre sobre creación de órganos y adecuación de la planta judicial, el responsable provincial de CSIF en el sector de Justicia, Alfonso Sánchez-Castellanos, advierte que las primeras experiencias de agrupación de partidos judiciales, en las que un solo órgano es competente sobre varios partidos, han supuesto un deterioro en la atención a las víctimas, fundamentalmente, por falta de medios personales y materiales, informa en un comunicado de prensa.
En este sentido, asegura que el nuevo modelo de organización, que se pretende aplicar a nivel nacional, ha generado, en los partidos en los que se ha implantado, una situación de colapso y de retraso en la tramitación de las diligencias, con largas horas de espera y dificultades en la coordinación entre los cuerpos de seguridad, hospitales y el Juzgado comarcal. A todo ello se suman los problemas estructurales ya existentes en los Juzgados de Violencia de Género, lo que provoca que la labor de los funcionarios sea "insoportable, con maratonianas jornadas de trabajo, que no se encuentran retribuidas ni reconocidas".
"Si antes de la entrada en vigor de este Real Decreto existían ya problemas y carencias en los Juzgados de Violencia de Género de la provincia, que no han sido solventados, con la futura aplicación de dicha norma, que supone la asunción de la competencia por parte de un solo órgano, los problemas de falta de coordinación y déficit tanto de personal como de medios materiales se ven multiplicados, provocando una merma evidente en el servicio público a prestar", apunta el responsable provincial de Justicia.
Por ello, el sindicato reclama al Gobierno nacional que finalmente se constituya, que revise este proyecto de "comarcalización", que aumente las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) en dichos Juzgados, que se recupere el plus que se percibía en los mismos y se regule un servicio de guardia, bien retribuido, que permita prestar eficazmente este servicio, evitando así jornadas maratonianas de hasta 14 horas ininterrumpidas, agrega el comunicado.
Asimismo, la Central Sindical solicita la dotación suficiente de medios personales y materiales a todos los Juzgados de Violencia de Género de la provincia de Ciudad Real, los cuales sufren carencias de todo tipo y que sólo se ven compensadas por la profesionalidad y dedicación del personal de Justicia destinado en los mismos.
Problemas crónicos
La Administración de Justicia, que abría el pasado 7 de septiembre el año judicial 2023-2024, mantiene los mismos problemas que arrastra desde hace años, agravados durante el último ejercicio: "personal insuficiente y desmotivado que se siente abandonado, retribuciones insuficientes y medios materiales escasos. Los ciudadanos pagan las consecuencias, sufriendo retrasos en la celebración de juicios y en la tramitación de procedimientos y actuaciones judiciales".
CSIF recuerda, en alusión a la huelga llevada a cabo en esta Administración, que el conflicto que afecta a los 45.000 funcionarios de Justicia (el 93 por ciento de la plantilla) sigue vigente. El próximo Gobierno tiene la obligación de abordar la negociación funcional y retributiva reconociendo las labores que estos funcionarios hacen realmente a diario para sacar el trabajo adelante, y que está pendiente desde la pasada legislatura, concluye el comunicado.