El Ayuntamiento de Fuencaliente maniobrará para cumplir con la Ley de Memoria Democrática, movimiento realizado tras el requerimiento recibido de parte de la Secretaría de Estado con competencias en el asunto y tras la petición de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Democrática, quien ha pedido formalmente iniciar "los trámites necesarios" junto al Obispado de Ciudad Real "para la retirada de los vestigios de la dictadura franquista que contravienen la legislación" presentes en la localidad.
El alcalde del municipio, Rubén Paz, ha explicado a Europa Press que "es una pena" llegar a 2024 para tener que empezar a acometer estos trabajos, ya que las anteriores corporaciones, gobernadas por el Partido Popular, "nunca han hecho nada". Ha citado entre los vestigios franquistas a retirar una placa en una fuente que conmemora el alzamiento militar, símbolos falangistas en unos bloques de viviendas o el salón de plenos, "toda una oda al franquismo".
Paz, llegado al Gobierno municipal tras las últimas elecciones, ha enfatizado en que cumplirá con la ley "sin ningún problema", al tiempo que ha abundado en que tendrá que hablar con el Obispado para abordar los vestigios que quedan en la iglesia de la localidad.
Fuencaliente quitará vestigios franquistas - Foto: AYUNTAMIENTODENUNCIAS PREVIAS
La solicitud de la asociación pone de manifiesto que estos vestigios están localizados en varios puntos de la localidad y ya han sido denunciados por entidad en varias ocasiones. "En ese sentido, pedimos a la máxima representación de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que ponga de manifiesto la suficiente consistencia democrática para demostrar respeto público para todas las víctimas de la violencia franquista. Hacerlo es reconocer a quienes creyeron en la libertad y fueron perseguidos, encarcelados, torturados o asesinados por la dictadura", remata el escrito esta asociación.
Un texto, recogido por Europa Press, en el que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Democrática recuerda que la ley al respecto tiene entre otros el objeto del reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978.
Cita también en su argumentación la creación en 2021 del Consejo Asesor de la Memoria Democrática de Castilla-La Mancha, que en su Artículo 2 "dice que tiene por finalidad el impulso y promoción de los derechos humanos en torno a la recuperación de la memoria democrática para el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas y represaliadas".