Los efectos de la inflación, el notable aumento del gasto en la partida de personal y el nuevo impuesto sobre residuos trae de cabeza a los ayuntamientos de la provincia a la hora de ajustar sus presupuestos de cara al próximo ejercicio. Los gobiernos municipales pretenden mantener todos los servicios que prestan a los ciudadanos, por lo que, en la mayoría de los casos, se verán obligados a subir la presión fiscal y aparcar algunas de las inversiones que tenía previstas para tiempos mejores o afrontarlas únicamente con fondos procedentes de otras administraciones. Muchos confían en que el Ejecutivo central les lance un bote salvavidas vía incremento de la participación en los tributos del Estado, después del récord de recaudación registrado a consecuencia de la escalada de precios que asfixia a empresas y particulares.
Así lo espera al menos el concejal de Hacienda de Daimiel, Jesús David Sánchez de Pablo, que ha tenido que hacer encaje de bolillos para cuadrar las cuentas de 2024, aprobadas ya en Pleno debido a que «el coste de la estructura de los ayuntamientos se está disparando». En concreto, los capítulos 1 (personal) y 2 (gastos corrientes) suben en conjunto 1,25 millones de euros en relación con este ejercicio. El equipo de Gobierno ha analizado una por una las 42 ordenanzas fiscales y ha hecho «pequeños ajustes» al alza en cinco, «para recuperar vía ingresos el incremento de gastos».
Daimiel asume prácticamente el 50% del impuesto estatal sobre residuos, sube la tasa de agua un 5% después de ocho años congelada y también el Impuesto de Bienes Inmuebles, que pasa de un coeficiente del 0,72 al 0,79. A pesar de esta subida, Sánchez de Pablo hace hincapié en que la factura del IBI será menor en 2024 que en 2013. «Con estos ajustes, intentamos reducir al máximo el gasto y, olvidándonos de algunas inversiones hasta otro momento, garantizamos que se puedan prestar todos los servicios», subraya para recordar que el Ayuntamiento tiene que pagar casi dos millones de euros de deuda y no puede acudir a financiación externa por el tema de Emumasa.
Valdepeñas. En Valdepeñas, el capítulo de personal ha pasado de 12 a 15 millones de euros por la consolidación de más de 200 puestos de trabajo y el sobrecoste de los trabajos extraordinarios que, debido a la reforma laboral, contratan a través de las empresas temporales de empleo (ETT) y que el alcalde, Jesús Martín, cifra en unos 500.000 euros anuales. A lo que hay que añadir la subida de lPC en suministros básicos como la luz, el gas y el carburante. En este escenario, las inversiones serán, a priori las grandes damnificadas. «Antes se llevaban a cabo con los remanentes que quedaban entre los gastos estructurales y los ingresos ordinarios, pero ahora contamos con menos recursos», explica el regidor. El equipo de Gobierno se sentará en breve con la oposición para estudiar las cuentas de 2024 y sacarlas adelante con el máximo consenso posible. Martín pone sobre la mesa dos opciones para poder acometer inversiones: aumentar la presión fiscal o acudir a crédito para pagar la parte municipal de los proyectos Edusi, puesto que «Valdepeñas tiene un nivel de deuda muy bajo». «Justo tenemos que acertar o equivocarnos», apostilla. En relación con el nuevo impuesto de basura, explica que aplicarán «un criterio de proporcionalidad», similar al de la tasa por el suministro de agua, por el que se pagarán 15 euros por vivienda y otros 15 euros por cada ciudadano que viva en esa vivienda. Desde hace 15 años, el Ayuntamiento no cobraba la basura doméstica, aunque sí la industrial.
Alcázar de San Juan. Los capítulos de personal y de gastos corrientes del Ayuntamiento de Alcázar aumentarán cada uno cerca de un 5% en 2024. Una subida que no repercutirá en los tres factores que determinan la calidad de vida de las ciudades y que articulan el presupuesto del próximo ejercicio: los servicios públicos que ofrece, la capacidad de generar confianza en los empresarios para que inviertan y creen riqueza y empleo y la inversión en la atención a las personas. Así lo subraya la alcaldesa, Rosa Melchor, para hacer hincapié en que además del «justo» incremento de las retribuciones de los empleados públicos, el Consistorio ha creado nuevas plazas y ha consolidado otras que «llevaban casi 20 años inestables». Sobre el incremento del precio de los suministros y los materiales pone un ejemplo: el metro cuadrado de pavimento costaba 10 euros en 2015 y ahora cuesta 17 euros. Para compensar el incremento de los gastos, que cifra en más de un 20%, el Ayuntamiento de Alcázar llevará a cabo una actualización de los ingresos por medio de los tributos de un 10%. Y, por otro lado, intentará que la mayor parte de las inversiones previstas se acometan con fondos europeos, de la Diputación y de la Junta de Comunidades, que se ha comprometido ya, por ejemplo, a financiar la ampliación del Hospital La Mancha Centro.
Bolaños de Calatrava. En Bolaños de Calatrava, la elaboración de los presupuestos está siendo «dificultosa» para un Ayuntamiento que tiene congelados los impuestos y las tasas desde 2011, a excepción del agua y la basura por «obligación contractual». Su alcalde, Miguel Ángel Valverde, asegura que el objetivo es continuar así en 2024, aunque reconoce que no sabe si podrán seguir mucho más tiempo sin tocar la presión fiscal. De momento, para compensar el incremento del capítulo de personal, que alcanza ya el 45% de las cuentas municipales, y la subida de la inflación en los suministros básicos y materiales, el Consistorio «extremará más la vigilancia para que cada vecino pague lo que le corresponda, ajustará el gasto y revisará todos los impuestos para que los padrones estén actualizados».
Valverde explica que «el Ayuntamiento, como cualquier familia, también sufre el aumento de los costes», con el hándicap, además, de la subida del euríbor para el pago de la deuda: «Tenemos que destinar mucho más dinero al pago del gasto financiero». Bolaños de Calatrava está pendiente del porcentaje que le corresponde de la participación en los tributos del Estado y las aportaciones del resto de las administraciones para confeccionar un presupuesto «prudente» que estará condicionado asimismo por las reglas fiscales que se aplicarán en 2024.
Manzanares. La inflación también provoca «desequilibrios» en las cuentas del Ayuntamiento de Manzanares, y obliga a hacer «ajustes permanentes». «Somos prudentes en el gasto y estamos permanentemente revisando los modelos de abastecimiento de cualquier suministro y de los consumos energéticos», expone el alcalde, Julián Nieva. Gracias a esa gestión eficiente, reconoce, el Consistorio ha podido asumir las subidas previstas en el capítulo 1, en torno a 360.000 euros, para un total de nueve millones. A todo ello hay que sumar suministros, materiales y la factura de la luz y el gas, que se incrementa un 10%.
A pesar de todas estas subidas, el Ayuntamiento de Manzanares no subirá los impuestos ni los precios públicos. «Vamos a evitar agravar aún más el bolsillo de los vecinos», afirma Nieva para destacar a renglón seguido el aumento previsto en las partidas de empleo, festejos, cultura y asociaciones, «porque nuestra capacidad de generar ingresos extraordinarios es alta gracias a importantes proyectos». «La política de Manzanares está basada en una mínima carga fiscal, con el IBI en el 0,60 y unos de los precios públicos más bajos de la región», dijo.
Miguelturra. En Miguelturra también está siendo complicado «equilibrar los gastos con unos ingresos finitos». Todo sube, se lamenta su alcalde, Luis Ramón Mohíno, que pone como ejemplo el incremento de 300.000 euros de los contratos de servicios como los de limpieza en los edificios municipales, y los 157.000 euros adicionales de la tasa de basura. Los salarios, las cotizaciones, los materiales, los suministros energéticos e incluso el servicio de ayuda a domicilio, competencia delegada y conveniada con la Junta de Comunidades, a la que pide que sea sensible con este aumento de los costes.
El presupuesto de 2024, que confía en aprobar este mes, contemplará un incremento del 3% en el capítulo de personal y un descenso en impuestos como el IBI. El equipo de Gobierno tirará de «rigor en la gestión y negociación de los contratos» como tabla de salvación de un Ayuntamiento que, al igual que el resto, desconoce aún el porcentaje que le corresponderá de la participación en los tributos del Estado. «Haremos todo lo posible para racionalizar el gasto sin subir los impuestos», insiste Mohíno, que intentará equilibrar gastos e ingresos con medidas como «mejorar y regular la recaudación».
Puertollano. El Ayuntamiento asumirá en 2024 la tasa de basura, más de 300.000 euros, para que no repercuta en la economía de las familias. «Este año ya hemos tenido que incrementar un 7% la tasa del agua, que supone 1,17 euros por mes y vivienda, y entendíamos que otra subida sería muy difícil para los bolsillos de los ciudadanos», explica el alcalde, Miguel Ángel Ruiz, que añade a la lista un incremento del 0,5% del capítulo de personal, la inflación de materiales y suministros energéticos y casi un millón de euros en intereses para el pago de la deuda. Todo ello viene ya contemplado en el presupuesto del próximo ejercicio, aprobado en sesión plenaria hace unos días.
Estos gastos se compensarán con un descenso en la cuantía del capítulo de inversiones, que asciende a casi 3,4 millones de euros. «El dinero no es infinito», enfatiza el regidor, que confía en aumentar esta partida y tener más margen con los fondos procedentes de otras administraciones y de ingresos extras de las fotovoltaicas y de otros proyectos empresariales. «Estamos también pendientes de la participación en los tributos del Estado y de si Europa permite usar el remanente de tesorería», sentencia.
Tomelloso. A pesar de las subidas generalizadas, el Ayuntamiento de Tomelloso ha congelado las tasas e impuestos y ha tenido «pequeños gestos» con sus vecinos. Su alcalde, Javier Navarro, recuerda que se ha bajado un 5% la tasa de terrazas, a los agricultores se les ha bajado el tipo impositivo, pasando de un 0,35 a un 0,33%, y los clubes deportivos pagarán menos por la tasa de instalaciones en Tomelloso, que ha trabajado este ejercicio con los presupuestos prorrogados de 2022. Por ello, para la elaboración de las cuentas de 2024 «se ha tenido que mirar la liquidación de 2022 y la ejecución de 2023», de tal forma que partidas como el capítulo de personal ascenderá en dos millones de euros.
«Ha sido muy difícil cuadrar un presupuesto que está demandando a todas luces que el resto de administraciones con competencias cumplan con una financiación justa». En este sentido, se refiere a servicios como la guardería municipal, que para el Ayuntamiento supone 500.000 euros y «solo cuenta con una subvención de la Junta de 23.000 euros», y el nuevo impuesto de RSU, que supondrá una subida de entre 30 y 35 euros por vecino. Por todo ello, y ante esta situación, las inversiones se han limitado a las «estrictamente necesarias».