Va a comenzar el curso escolar y una familia recibe un correo electrónico o un mensaje en el móvil con el que la Junta le avisa de que cumplen con los requisitos para recibir una ayuda de comedor escolar o para los libros de texto. Quizá esa familia ni siquiera tenía pensado pedirla, pero con aceptar con un 'clic' esa propuesta del Gobierno regional, quedaría el trámite hecho y la podría cobrar.
Ese es el futuro al que quiere caminar la Administración autonómica. El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, señaló que «el objetivo es revolucionar un poco la Administración de la comunidad autónoma para agilizar la respuesta a las distintas demandas ciudadanas». Explica que el Gobierno regional pasaría de ser el ente que convoca las ayudas a ser también el que de forma 'proactiva' busca a los posibles perceptores. Para ellos aplicará nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y cruzará los datos que le autoricen a utilizar los ciudadanos para detectar quién puede recibir una ayuda o un servicio. Y es que avisa de que muchas veces hay quienes no lo solicitan por desconocimiento. O quizá se enteran cuando ya se ha pasado el plazo.
«Hay ciudadanos, e incluso empresas, que no son conscientes del volumen o la cantidad de ayudas, de convocatorias que tenemos a pesar de la difusión que intentamos hacer», esgrime Guijarro. Avanza que todo esto, que denomina como 'Espacio ciudadano' quedará regulado en una nueva Ley de Medidas de Simplificación Administrativa. Esta mañana ha puesto la propuesta encima de la mesa del pleno del Consejo de Diálogo Social, en el que participan la patronal Cecam y los sindicatos UGT y CCOO, con el fin de recabar su colaboración. La idea es que el texto de la ley esté en 2024.
También el Gobierno planteará trabajar con más entidades colaboradoras, que son las que se encargan del papeleo o de evaluar expedientes para facilitar este trabajo burocrático a los ciudadanos o empresas. Ya se está haciendo en aspectos muy concretos como la adopción internacional, pero Guijarro adelanta que quieren ampliarlo a aspectos como el urbanismo o el medio ambiente.
Además quieren que todos los trámites que no estén regulados por normativa estatal puedan resolverse con silencio administrativo positivo. Es decir, que si no hay respuesta por parte de la Administración en el plazo previsto, se dé por hecho que la respuesta es positiva.
También se apostará por la declaración responsable para las actividades económicas, en lugar de las licencias y autorizaciones. Abundó en que se trata de cambiar la forma de trabajar y, por ejemplo, se reorientaría a los profesionales, «que no estarían tanto trabajando en la concesión de las autorizaciones, como en la comprobación de que las declaraciones responsables se ajustan a lo que dice la normativa». Incidió en que lo suyo es que «nadie tenga que esperar a una autorización de la comunidad para poner en marcha la actividad económica». Aclaró que la Junta tiene margen para hacer esto en las autorizaciones que son de su competencia, pero no en las licencias municipales.