Tolerancia cero contra el fraude laboral que afecta a empresas, trabajadores y Seguridad Social. Ese es el dogma que se repite por los departamentos del Ministerio de Empleo, donde en estos tiempos de crisis, han marcado esta lacra como «una absoluta prioridad», como apuntó la ministra Fátima Báñez al ser interpelada en el Congreso de los Diputados hace unas semanas.

Una lucha que deja ya grandes victorias. El Ministerio estima que las actuaciones contra el fraude laboral han tenido un impacto económico de 9.271 millones de euros en el conjunto del país mientras que en la provincia de Ciudad Real, la actividad realizada por la Inspección dejó multas que ronda los 21.500 euros de media al día, cuando antes del inicio de la crisis las sanciones que se imponían superaban ligeramente los 7.700 euros.

Hay más sanciones y la Inspección multa más. Durante el último año, con datos cerrados en la memoria que elabora la Inspección, se impusieron sanciones por valor de más de 7,8 millones de euros, la cifra más elevada de la región y una de las más altas de todo el país, únicamente por detrás de provincias que reúnen tanto más población como actividad económica, como son Cádiz, Málaga, Sevilla, Las Palmas, Barcelona, Alicante, Murcia y Madrid.

En el caso de Ciudad Real, la lupa se puso en la economía irregular y la situación de los extranjeros, que agruparon una de cada dos órdenes de servicio del plan integrado del Ministerio. Ese mayor celo dio sus resultados: un total de 639 infracciones de las más de 5.000 actuaciones realizadas que acarrearon sanciones por 5,9 millones de euros, de las que una amplia mayoría tuvieron en común que se trataron de infracciones realizadas con el cobro de prestaciones de la Seguridad Social a las que o bien el empleado o la empresa no tenían derecho a percibir. (Más información en la edición impresa)