La titular del Juzgado de Menores de Ciudad Real, Eva Saavedra, no duda en calificar «asunto de gravedad extrema» la muerte de un profesor a manos de uno de sus alumnos acaecida el pasado lunes en un instituto de Barcelona, aunque, al mismo tiempo, señala que se trata de un caso «extraordinario», en atención a su carácter inusitado, razón por la que aboga por poner el foco sobre las medidas coercitivas a disposición de los centros de protección en los que ingresan los menores de 14 años que cometen infracciones penales y no tanto en la rebaja de la edad penal. En este sentido, aunque dice que «no podemos hablar de porcentajes muy escandalosos», sí es cierto que empieza a ser «llamativo el número de menores que no han cumplido los 14 años y que cometen infracciones penales».
No obstante, señala que por fortuna ni en Ciudad Real ni el resto de Castilla-La Mancha se ha cometido un caso similar al de Barcelona. Ahora bien, ¿el aumento de infracciones penales cometidas por niños de menos de 14 años motivaría una rebaja de la ley penal?, se pregunta la juez para, a renglón seguido, confesar que no sabe si ese es el debate porque «siempre se dice que, al menos, para los delitos más graves, pero precisamente son los menos comunes, por fortuna. Entonces sirve de muy poco».
A su juicio, el debate está en qué medios coercitivos se está dando a los centros de protección. Y es que recalca que en estos centros conviven menores infractores con niños en situación de abandono, que han sido declarados en desamparo, maltratados o se han quedado huérfanos y no tienen familia que se haga cargo de ellos.
De ahí que Saavedra considere necesario una «reflexión» sobre qué medios coercitivos se están dando a los centros de protección para poder actuar frente a esos menores infractores que desestabilizan mucho el centro.
«Entendemos que en una instalación de estas características están en un régimen, salvando las distancias, lo más parecido a un núcleo familiar. Y si juntamos niños de 10, 12 años con otros de 13, 14, donde alguno está teniendo un comportamiento muy conflictivo, está interrumpiendo la progresión y buena evolución de los demás. Y me parece que eso sí tiene suficiente entidad como para pensarlo seriamente», explica.
«Con esto -prosigue- no dijo que no haya que rebajar la edad penal, sino que hay que abrir un periodo de reflexión sobre ello, analizar esos datos porque sí tienen un peso específico», y apuesta por proporcionar a los centros de protección de medidas coercitivas acordes a los requerimientos de los menores acogidos: «mis hijos entran y salen de casa con cierta libertad, hay unos horarios, un control de adonde van y con quién van, una serie de requisitos que tienen que cumplir y en un centro de protección se tiene que dar lo mismo. No es de recibo que mis hijos estén controlados porque pongo un candado en la puerta, qué educación les estoy dando si necesito un candado para que no salgan de casa o que no salgan de este radio, eso no es educacional y eso lo sabemos todos». Y un centro de protección «es igual», no se pueden poner candados ni excesivos límites, tiene que ser lo más parecido a una familia, y «han de tener a su disposición medios para atajar el comportamiento de un menor que está desestabilizando la convivencia del centro. Es para eso para lo que yo no tengo la respuesta y es ahí donde hay que actuar».
Los informes. La juez de Menores recuerda que estos menores de 14 años son «inimputables», es decir, que las infracciones penales que hayan cometido «las recibirá, en todo caso, el Ministerio Fiscal, que abrirá diligencias preliminares para archivarla porque no tienen responsabilidad penal», por lo que su departamento no dispone de información al respecto. Ahora bien, añade, «cuando uno de estos chicos comete una infracción penal con más de 14 años, cuando ya tiene responsabilidad penal, en su informe sí se refleja que antes de cumplirlos ya tenía un historial delictivo detrás». Estos informes no se tienen en cuenta a efectos «ni de reiteración delictiva, ni cualquier otro tipo de responsabilidad», pero lo cierto es que al aparecer en el expediente «hay que admitir que tenemos conocimiento de ello», concluye.
En todas las clases
La juez Saavedra dice que los menores delincuentes «se circunscriben con mayor peso en un estrato social sociocultural y de recursos más bajo», pero hay un apartado que aparece en todas las capas sociales, el maltrato de los hijos hacia los padres, una situación que «está repartida por igual en todas las capas de la sociedad: el menor violento en su casa no empieza cuando cumple los 14 años, viene produciéndose la situación de antes», aclara. La intervención ante estos comportamientos violentos de los menores de 14 años hacia sus progenitores es «difícil» porque no hay infracción penal y, al ser inimputables, tampoco puede intervenir el Juzgado de Menores y depende de la capacidad económica que tengan los padres para poder reaccionar. Lo único cierto, explica la juez, es que «cuando nos llega una denuncia el equipo técnico y los partes de lesiones ponen de manifiesto que las agresiones venían produciéndose de atrás, antes de que el chico cumpliera los 14 años».
Hurtos, robos y lesiones
Los delitos en los que están implicados ciudadrealeños menores de edad se circunscriben a los hurtos, robos con violencia y con fuerza, agresiones, delitos y faltas de lesiones, casos que llevan a decir a la juez Saavedra que «afortunadamente, seguimos teniendo este grueso de delincuencia juvenil frente a otro tipo de delitos de mayor gravedad». Según datos del Poder Judicial, el año pasado el Juzgado de Menores de Ciudad Real registró 358 asuntos y resolvió 418 (al despachar otros pendientes del año anterior). Se dictaron 551 sentencias, sumando 185 las medidas de internamiento y terapéuticas. Sólo algo más del 1% fueron de internamiento en régimen cerrado, cifras que se vienen manteniendo con ligeras subidas o bajadas desde 2011 y que están muy lejos de las registradas en 2009 y 2010 con más de 600 expedientes de reformas (procedimientos de materia penal en menores).