La posición que adoptó el Gobierno de España de frenar la opa hostil del BBVA al Banco Sabadell, retrasando de tres a cinco años la operación, después del visto bueno de los principales reguladores como el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de España e, incluso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no está en la línea de la Comisión Europea (CE). Según publicó ayer un periódico económico, el Ejecutivo comunitario entiende que el Gabinete de Pedro Sánchez «se ha extralimitado» al considerar que sus exigencias son contrarias a la libre circulación de capitales, por lo que tomará medidas antes del parón de verano que podrían acabar escalando en los próximos meses a una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Mientras, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, respondió a esta denuncia asegurando que no tiene todavía información sobre la apertura de ningún procedimiento de infracción por parte de la CE sobre la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell y defendió que el Gobierno ha impuesto una serie de condiciones a esta operación «ciñiéndose exclusivamente y de manera muy estricta» a lo que habilita la normativa española. En este sentido, Cuerpo defendió que la normativa española está «plenamente alineada» con la europea.

Desde la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales (Fisma, por sus siglas en inglés), se estudia si el anuncio del Consejo de Ministros celebrado el pasado 24 de junio de impedir a la entidad vasca proceder a la fusión de los dos bancos durante los próximos tres años, con posibilidad de ampliar esa restricción por dos ejercicios más, cumple con la ley de libertad de circulación de capitales. A su entender, el Gobierno de España se ha podido exceder en su argumentación de «velar por el interés general».

En este sentido, la Comisión Europea señaló hace ya unas semanas que «no veía razones» que justificaran el bloqueo o el rechazo de la operación después de que la CNMC hubiera impuesto sus condiciones para preservar la competencia y de que el BCE hubiera publicado su no objeción en relación al aspecto macroprudencial y de solvencia.

Advertencia

El Ejecutivo comunitario advirtió hace tan solo unas semanas de que «si fuera necesario, usaría sus poderes como guardián de los Tratados para eliminar cualquier restricción injustificada sobre el Mercado Único que fuera impuesta por un Estado Miembro.

Fuentes europeas aseguraron que el procedimiento de infracción comenzaría con el envío de una carta solicitando información adicional por las decisiones del Gobierno.

Si el Gobierno no satisface las exigencias de la UE, la Comisión podría optar por llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea proponiendo sanciones económicas. El objetivo de este procedimiento no es multar o dañar económicamente a España sino presionar para que se ponga fin cuanto antes a la posible infracción de las normas europeas. 

En el plano internacional, el Financial Times criticó ayer la «férrea oposición» mostrada por el Gobierno de Sánchez con la opa al Sabadell, cuestionando sus exigencias después de que tanto Europa como la CNMC se pronunciaran a su favor.