Las redes de narcotráfico están seleccionando «cada vez más provincias de interior» como Ciudad Real, Toledo, Burgos o Salamanca para asentar sus plantaciones de cannabis, una droga de la que España se ha alzado como principal productor en la Unión Europea y que favorece la instalación en el país de organizaciones criminales extranjeras.
Así lo recoge la Memoria de la Fiscalía de 2022 y presentada ayer, en el inicio del año judicial, en la que se identifica a la provincia como uno de los territorios cada vez más utilizados por las organizaciones para la producción de esta sustancia, «tanto en grandes extensiones en el exterior como en cultivos indoor, con el resultado de mayores incautaciones y del incremento de causas penales por producción y venta de cannabis».
La Memoria Fiscal relata que las circunstancias, el clima y la geografía del país nos sitúan no solo en el escenario tradicional de un país de tránsito y consumo, especialmente en relación con el hachís y la cocaína, sino ante la realidad alarmante de que España se ha convertido en el primer productor de cannabis en la UE. «Esa condición de país productor conlleva, además del propio riesgo que produce el crecimiento del consumo de una sustancia económicamente accesible, a la instalación en España de organizaciones criminales extranjeras que, en colaboración con estructuras nacionales, aprovechan las facilidades de cultivo y producción de la marihuana en nuestro país. Estas organizaciones son cada vez más violentas, como revela una mayor incautación de armas y el incremento de reyertas generadas por los robos de drogas entre organizaciones, los llamados 'vuelcos'». El Ministerio Fiscal alerta de que la «omnipresencia de esta sustancia y sus derivados», disponible incluso «a través de máquinas expendedoras, sorprende y confunde a la sociedad».
A pesar de eso, según los datos que maneja la Fiscalía, en Ciudad Real, el número de procedimientos por tráfico de drogas se redujo el pasado año: 74 frente a los 102 del pasado 2021 o los 105 registrados en 2018, en un contexto en el que las investigaciones por tráfico de drogas siguen creciendo en España y en 2022 se incrementaron más de un cuatro por ciento con respecto al año anterior, con 21.740 procedimientos.
En su memoria, el ministerio público plantea revisar las competencias de la Audiencia Nacional y fomentar su especialización, no solo en terrorismo, sino también en crimen organizado, nacional e internacional, incluido el relativo al narcotráfico.
Así, la memoria insiste en el hecho de que tras convertirse España en el primer productor de cannabis en la UE, «atrae a organizaciones de delincuentes, nacionales y extranjeros, como se observa en la realidad de los procedimientos judiciales incoados por tráfico de cannabis, muchos de ellos cometidos a través de grandes organizaciones que crean opacos complejos empresariales para la explotación de una sustancia económicamente muy rentable y que goza cada vez más de cierta aceptación social».