Las injurias y calumnias se castigan con penas de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a 24 meses, si se propagaran con publicidad. Quienes trabajamos en medios de comunicación, o escribimos algún que otro libro, sabemos que si caemos en la injuria o en la calumnia nos impondrán el castigo más severo, puesto que no hay mayor publicidad que un medio de comunicación o un libro. No sólo por eso somos cuidadosos -por miedo al castigo- sino porque nos consta el daño que podemos causar, merced a una acusación basada en un dato, que no hemos comprobado, o los daños sociales, profesionales y emocionales que podemos provocar, sosteniendo una calumnia sobre cualquier persona, sea o no conocida.

Sin embargo, vengo observando que injuriar y calumniar se está convirtiendo en una actividad impune, según quien la cometa. Diputados, desde la tribuna del Congreso difaman, injurian e insultasen a jueces, con nombres y apellidos, como si fueran inmunes a las reglas que debemos respetar el resto de los ciudadanos. Hay una diputada que ha citado y nombrado a jueces acusándoles de prevaricación, que es algo así como acusar de ateo a un sacerdote, o de caníbal a un vegano o de usura a un banquero. Sin pruebas, sin datos, ella se lo imagina y procede a calumniar.

Si cualquier ciudadano, con menos poder para que se extiendan sus calumnias, en un panfleto vecinal, cometiera el delito de llamar puta a la diputada y asegurar que cobra por sus favores sexuales, sería perseguido y acosado -con razón- por sus injurias y calumnias. Yo no pido, ni exijo, que se pueda calumniar a la calumniadora, ni mucho menos, pero no dejo de observar la desigualdad de trato, y cómo los límites de la libertad de expresión no son aplicados a todos con la misma igualdad.

El último ejemplo de calumniador impune ha sido el presidente del Gobierno, Pedro I, El Mentiroso -a quien denomino así, por sus inmensas y constantes mentiras, registradas y constatadas- que, aprovechándose de su representatividad y su poder, calumnió e injurió a un ciudadano que fue sospechoso de cobrar comisiones por contratos de mascarilla, y que la Fiscalía archivó por no encontrar indicios. Eso es injuriar y calumniar. ¿Qué le sucedería a usted o a mí, si fuéramos tan irreflexivos y delincuentes que dijéramos que el presidente del Gobierno es pederasta? Caería sobre nosotros el peso de la ley, y sería justo. Pero no es justo que haya calumniadores impunes.