El Ayuntamiento de Ciudad Real deberá pagar algo más de dos millones de euros por la expropiación de una parcela en la calle Islas Canarias de Ciudad Real. Así lo recoge una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que fija el justiprecio de la expropiación en 1.345.317,76 euros, y que además señala que el Consistorio deberá abonar los intereses legales generados desde el 10 de noviembre de 2007, dado que el procedimiento se remonta a los años 2006 y 2007.
Esto hace que el montante económico a desembolsar por parte del Ayuntamiento supere los 2 millones de euros. En concreto, para dar cumplimiento a esta cuestión, el Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real aprobó una modificación de crédito por un total de 2.029.917 euros, de los cuales 1,3 se corresponden con el justiprecio fijado por la Justicia, y 903.846 euros restantes a los intereses, de manera que se echa mano de la partida destinada al cumplimiento de resoluciones judiciales.
«Es otro de los pufos que nos hemos encontrado», afirmó a este diario el portavoz del equipo de Gobierno municipal, Guillermo Arroyo, quien agregó que «a sabiendas de que tenían la ejecución de la sentencia, no se consignó ninguna cantidad presupuestaria ni tampoco hicieron ninguna modificación de crédito», dijo en referencia al equipo de Gobierno anterior de PSOE y Cs.
La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, recoge que «el Ayuntamiento de Ciudad Real basó su valoración de 520.914,42 euros€ (antes de premio de afección) en un informe del arquitecto municipal de 22 de noviembre de 2018. Esta valoración no es aceptable porque atiende a valores de 2018, momento en el que la valoración inmobiliaria se había alterado enormemente respecto de la fecha de valoración, 2007, que se situaba en los momentos finales del boom inmobiliario anteriores al inicio de la crisis. Tras la formulación de su hoja de aprecio, el Ayuntamiento elaboró otro dictamen donde decía valorar a 2006, con un resultado final, antes de premio de afección, de 425.343,82 euros», cifra que también fue rechazada, de manera que tras el proceso judicial que se ha seguido en este caso el Ayuntamiento deberá hacer frente a un desembolso de dos millones de euros.