Los países de la Unión Europea fracasaron hoy en su intento de consensuar un enfoque común para reformar el mercado eléctrico de la UE, con una pugna entre Francia y Alemania de fondo a propósito de la energía nuclear.

En el último tramo de la negociación, los ministros intentaron limar diferencias en torno a cómo funcionarán los llamados contratos por diferencia (CdF) en los que el Estado acuerda con el generador un precio fijo de compraventa de electricidad en un plazo determinado y luego se devuelve la diferencia, en función de si el precio real ha sido más alto o más bajo que el estipulado.

Las divisiones más fuertes radicaban en si esos contratos se aplican a las centrales nucleares ya existentes que extiendan su vida útil o amplíen su capacidad como pedía Francia, que ha ido arañando concesiones a la energía atómica en cada pieza legislativa relacionada con la descarbonización.

Pero la negativa del bloque antinuclear liderado por Alemania, en el que se ubican también España o Luxemburgo, no cedió a las pretensiones de París.

La presidencia rotatoria del Consejo, en manos de Suecia, decidió aplazar el debate e intentar suavizarlo en reuniones a nivel diplomático.

Fuentes diplomáticas indicaron que la reforma del mercado eléctrico es "una prioridad" para la presidencia de turno del Consejo que asumirá España en julio y la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, trasladó a sus homólogos que "si es necesario convocará un consejo extraordinario de ministros en julio" para cerrar un pacto.

Otro de los puntos que generaron discordia fueron los mecanismos de capacidad, es decir, sistemas de cobertura para garantizar que no habrá apagones cuando las renovables estén en picos de poca producción por falta de sol o de viento.

Para acercar a Polonia al acuerdo, la presidencia sueca, encargada de forjar un consenso, ofreció que Varsovia pudiera seguir subvencionando plantas eléctricas de carbón, extremo que disgustó a muchos países, como Luxemburgo, que lamentó que se introdujeran, "por la puerta trasera, nuevas concesiones al carbón".

Sorprendía en particular que se ofreciera esa concesión a Polonia cuando no se permite para ciertas plantas de gas, aunque emitan menos CO2 que el carbón.

También agitó el debate la posibilidad de introducir un tope de precio a las tecnologías inframarginales, como la hidráulica o las renovables, en caso de que los precios de la luz volvieran a dispararse.

La idea no gusta a los países del centro y norte de Europa, ni tampoco a la Comisión Europea, pero sí a países como Grecia, que apostó por guardarse ese "as en la manga", o España, que reclamó que se pudieran capturar los beneficios caídos del cielo hasta 2024, prolongando el acuerdo de emergencia adoptado en octubre.

Este prevé un techo para las tecnologías de generación como la hidráulica o las renovables en 180 euros el megavatio hora, mientras que la Comisión Europea sugirió recientemente que se retiren ya las medidas temporales acordadas durante la crisis de precios de la energía de 2022.

El objetivo de los ministros era acordar cómo adaptar el mercado de la electricidad a la era de las renovables con contratos estables y a largo plazo que arrojen precios asequibles, garanticen la seguridad de suministro e incentiven las inversiones, para negociar después el ajuste definitivo con el Parlamento Europeo, que prevé cerrar su posición negociadora en septiembre.

La necesidad de acometer la primera reforma del mercado en dos décadas nació al calor de la crisis de precios de los hidrocarburos en 2022 y su efecto contagio en la factura de la luz.

La UE decidió acelerar la desconexión de los combustibles fósiles de Rusia, a la que acusaban de utilizar la energía como "arma de guerra" en el marco de la invasión de Ucrania, mientras los Estados miembros iban capeando la tormenta como podían improvisando medidas temporales de emergencia.

Superado ese huracán energético, que registró su peor momento en agosto de 2022, los Veintisiete decidieron ajustar el mercado comunitario a una nueva realidad en la que se veía a Rusia como un proveedor hostil de cuyos combustibles fósiles había que alejarse apresuradamente, al tiempo que se desplegaban masivamente fuentes de generación verde y autónoma.

El objetivo es cerrar la nueva legislación antes de que acabe la actual legislatura europea con las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024.