Los nuevos alcaldes y alcaldesas, una vez que reciben el bastón de mando y diseñan la estructura de sus gobiernos, acuden prestos a Intervención para conocer el estado real de la economía municipal. Algunos se llevan una ingrata sorpresa al abrir los cajones y encontrar un buen número de facturas sin abonar. Así ha ocurrido, por ejemplo, en Malagón y La Solana, donde los nuevos regidores, Luis Carlos Segura y Luisa Márquez, respectivamente, han expresado su preocupación por el deteriorado estado de las cuentas.

Atendiendo exclusivamente al pago a proveedores correspondiente al cierre del primer trimestre de 2023, el último dato oficial hecho público por el Ministerio de Hacienda, ocho de estos nuevos alcaldes y alcaldesas han recibido una herencia envenenada de sus predecesores en el cargo: algo más de 10 millones de euros de deudas a proveedores. En toda la provincia, 26,3 millones.

El escenario es especialmente preocupante en el Ayuntamiento de Almadén, que superaba los 1.250 días de media (más de tres años) a la hora de abonar las facturas. El importe de pagos pendiente, a fecha de 31 de marzo, ascendía a más de 5,1 millones de euros. El equipo de Gobierno de la popular Raquel Jurado tiene trabajo por delante.

La nueva regidora almadenense dará a conocer en unos días los datos actualizados, que incluyen un préstamo suscrito en mayo, antes de las elecciones, para pagar a parte de los proveedores, «para que los vecinos sean conscientes de la herencia que recibimos». El objetivo marcado es reducir la deuda año tras año, estableciendo «medidas de austeridad» que reviertan la situación provocada por la «pésima gestión» de los últimos ejecutivos socialistas.

Jurado asegura que es un trabajo que llevará más de una legislatura y que será necesario adoptar medidas «impopulares». La primera de todas, para predicar con el ejemplo, ha sido suprimir las liberaciones de concejales y de la propia alcaldesa.

En una situación similar a la de Almadén, aunque no tan grave, se encontraban los ayuntamientos de Fernán Caballero, Pedro Muñoz, Almagro y Pozuelo de Calatrava, con una media de pago situada en los 90, 85, 71 y 68 días, respectivamente. El importe total superaba los 1,2 millones de euros en el Consistorio almagreño. Los municipios de Malagón, Socuéllamos y La Solana, todos ellos con nuevo equipo de Gobierno, también se situaban por encima del límite de 30 días que establece el Ministerio de Hacienda para el abono de las facturas a las empresas, así como Almedina, Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, Carrión de Calatrava, Fuente el Fresno, Herencia, Moral de Calatrava, San Carlos del Valle, Torralba de Calatrava, Villarta de San Juan y Ruidera.

La mayoría de estos ayuntamiento presentaba números asumibles, con la salvedad de Almedina y Herencia, que abonaban las facturas a sus proveedores a los 363 y 237 días de media, respectivamente, según datos del Ministerio de Hacienda.

El grueso de los ayuntamientos ciudadrealeños, salvo estas contadas excepciones, satisfizo en tiempo y forma las obligaciones de pago pendientes con sus proveedores durante el primer trimestre del presente ejercicio; un total de 48 de los 67 que facilitaron esta información al departamento ministerial que dirige María Jesús Montero. Entre estos municipios se hallan, por ejemplo, Tomelloso, Valdepeñas, Manzanares, Puertollano, Miguelturra, Daimiel, Bolaños de Calatrava y la capital. También la Diputación de Ciudad Real que, al cierre del pasado mes de marzo, pagaba en una media de 10,66 días y acumulaba facturas por valor de más 4,2 millones de euros.