Los funcionarios de la administración de Justicia, en huelga desde el pasado 22 de mayo y más de dos meses y medio de protestas, se movilizan de nuevo esta tarde en una manifestación que recorrerá la distancia entre el edificio de los Juzgados y la Subdelegación del Gobierno. Manifestaciones similares se desarrollarán esta tarde en otros puntos de España.
Por este motivo, las cuatro formaciones sindicales que forman el comité de huelga, CSIF, STJ, CCOO y UGT han dado a conocer un comunicado en el que explican que acuden ante las Subdelegaciones del Gobierno, "a fin de exigir del Ministerio de Justicia, y por ende, del Gobierno de España, el respeto de nuestros derechos como trabajadores, el reconocimiento de las funciones que, de forma efectiva, desempeñamos los cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia, y, como consecuencia, el reconocimiento retributivo por el desempeño de las mismas", además del respeto a la negociación colectiva.
El documento refiere el disgusto de estos trabajadores ante hechos como que el Ministerio "atiende las reivindicaciones de los jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, y no las de sus propios trabajadores", cuando es más del 90 por ciento del personal a su servicio. No entendemos cómo este Ministerio olvida a más del 90% del personal a su servicio, cuando son "un eje fundamental y una pieza necesaria para un buen funcionamiento del servicio público de justicia".
Los sindicatos reprochan "la cerrazón de un Gobierno a entablar una negociación real y efectiva que pueda dar salida al conflicto, ni la falta de voluntad de buscar soluciones por parte de los responsables ministeriales que se han dedicado a envenenar el conflicto con mentiras". Del mismo modo, niegan que "se esté ligando el incremento retributivo a las leyes de eficiencia sino al reconocimiento de las funciones que efectivamente se realizan en las oficinas judiciales y fiscales".
Al mismo tiempo, denuncian que en otros casos, "sí que ha sido el Gobierno el que ha puesto en relación la subida salarial de otros colectivos y cuerpos a la implantación de las leyes procesales", por lo que señalan una "actitud clasista de un Gobierno que se dice progresista". Del mismo modo, culpan al Ministerio de indiferencia para con sus trabajadores y también "respecto de la ciudadanía en general y resto de operadores profesionales que se ven afectados por la grave situación en la que se encuentra la Administración de Justicia desde hace meses".
Tras instar al Gobierno a un pronta resolución del conflicto, sin responsabilizar a los trabajadores que ejercen su derecho a la huelga, el comunicado señala que las culpas por ello recaen en "el Gobierno de España que, con su actitud, está llevando al límite a los trabajadores, además, de estar hundiendo la Administración de Justicia con el perjuicio que ello conlleva a los millones de ciudadanos que acuden a ella". El comunicado insiste en que se determinen las funciones de estos trabajadores "y se reconozcan retributivamente las mismas, de igual manera que se ha atendido las peticiones de los cuerpos togados".