El Gobierno contempla 9 despidos en el SEPE de Ciudad Real

M. E.
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Los sindicatos advierten de la necesidad de mantener la plantilla actual para poder afrontar la sobrecarga de trabajo por los expedientes de desempleo generados durante la pandemia

Dos personas entran en la oficina del SEPE de Ciudad Real. - Foto: Tomás Fernández de Moya

El Gobierno de España ha tomado la decisión de prescindir de más de 1.500 trabajadores interinos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), lo que ha provocado que los sindicatos lancen la voz de alarma. Esta eliminación de empleos en todo el país, que equivaldría a un 19 por ciento de toda la plantilla, se producirá en un momento crucial en la resolución de los numerosos expedientes de prestación por desempleo generados por la crisis sanitaria, lo que hará más complicado atenderlos, con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía.

Así se advierte desde el sindicato UGT, que califica de inaceptable el número de salidas que el Ministerio de Hacienda y el de Función Pública barajan también para Castilla-La Mancha, 54 despidos de una plantilla de 376 personas. En el caso de la provincia de Ciudad Real serían 9 los contratos que no se renovarían de una plantilla de 92 personas.

En concreto, el Gobierno ha anunciado el despido de 1.135 trabajadores el 30 de junio (500 de ellos interinos contratados para reforzar la plantilla ante el aumento de la carga de trabajo por la situación generada por la pandemia), y amenaza con otras 500 salidas el 30 de septiembre. Unas cifras que, como reconoce César Gutiérrez, de UGT, nadie se podía esperar, por lo que en estos momentos su sindicato está estudiando la posibilidad de convocar concentraciones e incluso jornadas de huelga ante la sobrecarga de trabajo que se avecina a la plantilla si se llevan a cabo estos despidos, que además coinciden con los meses vacacionales de los empleados del SEPE. «Esto no se lo esperaba nadie porque no cabe en ninguna cabeza. Hará un daño tremendo al funcionamiento del servicio y a los derechos de la ciudadanía», avisa.

Desde UGT se insta al Gobierno a que paralice esta decisión y que «permanezca todo el personal actual», al menos hasta que la oferta pública de empleo compense de algún modo la extinción de estos contratos de interinos y «deje una plantilla estructural de acuerdo con las necesidades del trabajo», algo que no será realidad hasta dentro de un año, según estima César Gutiérrez.